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Piden su renuncia en las calles

Aumenta la presión contra el presidente de Guatemala

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Jimmy Morales, presidente de Guatemala.

Foto: EFE

 

Patricia Castillo - DPA

redaccion@ellitoral.com

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrentará este miércoles multitudinarias manifestaciones convocadas por organizaciones campesinas en protesta por su decisión de vetar una comisión de la ONU que los acusa de corrupto.

“Marcharemos desde cuatro columnas en la capital para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, su gabinete, y la de los 158 diputados al Congreso, por considerar que son parte del pacto de corruptos”, anunció Cirilo Pérez, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una de las organizaciones convocantes.

Morales, quien antes de entrar en política se dio a conocer sobre todo como comediante en televisión, ganó las elecciones de 2015 como candidato del derechista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”.

Sin embargo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) encabezada por el colombiano Iván Velásquez, y la Fiscalía General del país centroamericano acusan al mandatario de financiamiento electoral ilícito en 2015, precisamente durante la campaña en la que ganó la Presidencia.

A finales de agosto, Morales anunció que no renovará el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y pocos días después dispuso prohibir el retorno al país de Velásquez, quien se encontraba en Estados Unidos. La medida generó críticas de la ONU y de varios países, pero el Gobierno de Washington, un tradicional aliado de Guatemala, se mantuvo al margen.

La CICIG comenzó a actuar en 2007 en virtud de un acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala y desde entonces su mandato había sido renovado cada dos años.

Otro de los colectivos convocantes de la marcha del miércoles es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), que denuncia “el aumento de la persecución y criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos”.

Por su parte, la Asamblea Plural de los Pueblos y Movimientos Sociales tiene previsto cumplir plantones frente a la sede del Parlamento, dijo a dpa Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones que la conforman.

Esta Asamblea reúne a organizaciones urbanas y rurales, incluyendo a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal Universidad de San Carlos.

“Estamos denunciando y rechazando este nuevo ‘pacto de corruptos’ entre el Legislativo y el Ejecutivo para reformar leyes y asegurarse impunidad”, explicó Pascual.

También indicó que su participación busca exigir a Morales que dé marcha atrás en sus decisiones de anunciar el fin del mandato de la CICIG y prohibir la vuelta de Velásquez.

Las medidas del presidente ya habían originado protestas aisladas en los pasados días, por ejemplo de la AEU frente a la sede del Ejecutivo, o bloqueos de carreteras en el occidental departamento de Sololá.

Mientras aumentan las protestas, la acciones judiciales contra Morales continúan: Velásquez y la fiscal general María Consuelo Porras presentaron el 10 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio para lograr que Morales pierda la inmunidad que lo protege como jefe de Estado.

La acción se basa en informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según el cual Morales, cuando era candidato, no declaró que su partido había ingresado alrededor de un millón de dólares en la campaña.

Esta es la segunda vez que la CICIG y la Fiscalía tratan de despojar de su inmunidad a Morales.

El primer intento fue el 25 de agosto de 2017. Entonces Morales fue señalado por el mismo delito y el mandatario reaccionó dos días después declarando “persona no grata” a Velásquez y ordenando su expulsión de Guatemala, una medida que no se concretó por un amparo constitucional.

Morales no fue despojado de su inmunidad en esa ocasión, porque con 104 de los 159 votos, el Congreso, en última instancia, lo respaldó.

A su vez, la mayoría de congresistas aprobó pocos días después una serie de reformas al Código Penal, modificando las penas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Este hecho fue denunciado por la población como un ‘pacto de corruptos‘ y generó fuertes protestas en la capital.

La presión de los manifestantes obligó al Legislativo a dar marcha atrás y las reformas aprobadas nunca cobraron vida jurídica.

Actualmente una comisión legislativa dominada por opositores revisa el expediente en contra de Morales para estudiar si ahora sí se le retira la inmunidad, una medida que debe ser aprobada por el Congreso Nacional.



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