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Ante la Corte provincial 29 -08-2018
Juez cuestionado por absolver a un violador pidió la jubilación

Nicolás Muse Chemes se desempeña como juez de sentencia en la ciudad de Vera. Foto: Archivo El Litoral


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La renuncia fue presentada la semana pasada, un día antes de que el gobernador le pidiera públicas disculpas a una víctima de abuso, dando cumplimiento a un mandato internacional.



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Un día antes de que el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, cumpliera con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y le pidiera públicas disculpas a una víctima de abuso sexual que fue discriminada por la Justicia, el juez de Sentencia de la ciudad de Vera, Nicolás Muse Chemes, presentó la renuncia.


El formal pedido se concretó el jueves pasado ante la Corte Suprema de Justicia provincial, que todavía no aceptó la renuncia que devendría en la jubilación anticipada del magistrado.


Más allá de los reclamos de distintas organizaciones de derechos, Muse Chemes pretendió acceder al cargo de camarista penal y su pliego había sido remitido a la Legislatura. Sin embargo, la gravedad institucional del reclamo de las Naciones Unidas, así como otros cuestionamientos por fallos dictados en la Circunscripción Judicial N° 5, el gobernador optó por retirarlo en octubre de 2016, dejando a Muse Chemes sin posibilidad de ascenso.


Disculpas públicas


El viernes 24 de agosto, en el Salón Blanco de la sede de la gobernación en Rosario, Lifschitz recibió a “Eva”, una mujer de 25 años identificada por sus iniciales C.E.R. a la cual le pidió públicas disculpas. El acto se produjo en el marco del “acta de compromiso de solución amistosa” suscripta por el Ejecutivo provincial y la ONU el 2 de septiembre de 2016, bajo el Decreto N° 2.234.


Finalmente el acuerdo se cumplió la semana pasada, cuando se produjo el pedido de disculpas del Estado hacia la mujer, que junto con sus hermanas, resultó víctima de abuso sexual.


Otros puntos del acuerdo alcanzado por la provincia y el Comité de la ONU, implicaba un resarcimiento a C.E.R, otorgándole una casa y trabajo, ya que debió irse de su ciudad natal, donde había radicado la denuncia. Además, el propio Estado debía hacerse cargo de capacitar en cuestiones de género a los operadores del Poder Judicial de Reconquista, entre los puntos centrales del acuerdo. 


Discriminación judicial


El hecho que disparó el reclamo ocurrió en Reconquista en 2011, cuando la víctima -entonces de 19 años- denunció que su padre abusaba de ella desde que tenía 13, al igual que de sus hermanas. El acusado, de 50 años, fue procesado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, pero el juez Nicolás Muse Chemes lo absolvió en 2012, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal ratificó ese falló.


Como la víctima no era querellante, se enteró tiempo después del fallo adverso y decidió recurrir a otros actores para denunciar el acto que consideró “discriminatorio”. La ex concejal de Reconquista, Soledad Zalazar, fue la impulsora de la presentación ante la ONU, junto con el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer.


El caso fue evaluado por la Comisión de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tras estudiar el tema resolvió que debía haber una reparación histórica a C.E.R.



 




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