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Pinochet: ordenan exámenes mentales

Santiago, 26 (AFP). - El juez chileno Juan Guzmán Tapia ordenó que Augusto Pinochet sea sometido a exámenes mentales antes de enfrentar un juicio por violaciones a los derechos humanos y postergó el interrogatorio del ex dictador, previsto para el 9 de octubre, informó el tribunal.

El propósito de los exámenes, según indicaron fuentes vinculadas con el juez, es determinar si el ex dictador, acusado de ordenar los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, está en condiciones de enfrentar un juicio.

Los familiares del general Pinochet, a quien la Corte Suprema privó de su fuero el 8 de agosto pasado, advirtieron en las últimas semanas que no aceptarán este tipo de exámenes, pero el juez dispuso que sean practicados en un plazo de 30 días por especialistas del Instituto Médico Legal.

Junto con esta decisión, Guzmán Tapia postergó el interrogatorio de Pinochet, que se proponía concretar el 9 de octubre próximo, hasta después que los médicos legistas entreguen un informe sobre su estado mental.

El caso de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que fusiló a 75 presos políticos en un recorrido por el país, fue el que motivó el desafuero de Pinochet en la Corte Suprema y forma parte de las 171 querellas que enfrenta el general, por los 3.000 muertos y desaparecidos durante su régimen, entre 1973 y 1990.

"Es un hombre de 85 años (84 cumplidos) y para él, indudablemente, por el estado de salud en que está, llevar adelante un juicio... probablemente nunca vea el final", afirmó su hijo, Marco Antonio Pinochet Hiriart, el día en que la Corte le quitó su inmunidad como senador vitalicio.

"Hago responsable de esto al gobierno y al Poder Judicial, pues él no está en condiciones de enfrentar un juicio tan largo", agregó Pinochet Hiriart, junto con rechazar la posibilidad de un examen mental.

Juicio por homicidio

Además de ordenar los exámenes médicos al general, el juez Guzmán Tapia decidió enjuiciar por homicidio, en lugar de secuestro, a tres de los colaboradores de Pinochet que encabezaron la Caravana de la Muerte, lo que abrió una controversia sobre la posible aplicación de una antigua amnistía.

Tres jefes militares retirados, el general Sergio Arellano, el brigadier Pedro Espinoza y el coronel Marcelo Moren, fueron arrestados a mediados de 1999 por su participación en esa caravana, en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló en el poder a Pinochet por 17 años.

Los tres oficiales, según determinó entonces Guzmán Tapia, eran responsables del delito de "secuestro", porque la mayoría de los fusilados integran la lista de 1.198 desaparecidos bajo el régimen de Pinochet.

En su nueva resolución, Guzmán Tapia reemplazó el cargo de secuestro por el de homicidio, después que en una fosa clandestina fueron hallados los cadáveres de dos ejecutados por la comitiva militar en la zona campesina de Cauquenes, 315 Km. al sur de Santiago.

Al configurarse los homicidios de los presos Pablo Vera y Claudio Lavín, los tres acusados pueden invocar una ley de amnistía que dictó Pinochet en abril de 1978, que liberó de castigo a los autores de crímenes políticos durante los primeros cinco años de la dictadura.

La amnistía, según la interpretación que estableció hace un año la Corte Suprema, es aplicable cuando el juez completa la investigación de un asesinato, identifica a los culpables y aclara las circunstancias del crimen, incluido el hallazgo de presos desaparecidos.