En una medida que podría acarrear la postergación del juicio por el atentado terrorista contra la AMIA, el tribunal oral que sustanciará el proceso intimó a los familiares de las víctimas a unificar su representación legal y designar a dos abogados como sus únicos patrocinantes.

Los jueces Gerardo Larrambebere, Carlos Andina Allende y Miguel Pons, miembros del Tribunal Oral Federal 3, emplazaron a los querellantes a elegir abogados dentro de los próximos cinco días, bajo apercibimiento de "ordenar por oficio" los nombramientos de los representantes.

Aunque se trata de un tribunal con fama de "duro", la decisión fue justificada en el interés por no multiplicar las acusaciones que deberán afrontar los cuatro ex policías y un civil procesados como partícipes necesarios del atentado, así como los restantes quince imputados que serán enjuiciados por delitos menores.

"No parece razonable que la persona que goza de presunción de inocencia y que ya debe oponer su postura ante dos acusadores (la querella y la fiscalía) deba enfrentarse, además, a otros sujetos procesales", sostuvo el tribunal, que procura evitar "la sensible desventaja" que tendrían los imputados en virtud de su "inferioridad numérica".

Ahora los familiares, enfrentados en una feroz interna, pueden acatar la medida o recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal, pero una apelación demorará el juicio, que en principio comenzaría entre abril o mayo del 2001. En cualquiera de los casos, la decisión de los jueces obligará a los deudos de las 86 víctimas de la masacre a compartir una mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo.

Los integrantes de Memoria Activa, el resto de los familiares, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) deberán conciliar posiciones tras más de seis años de conflictos. Su primera misión será resolver si apelan, y en caso de descartar ese recurso, deberán elegir a dos de los seis abogados que actualmente los representan.

"Esta decisión agravia el derecho de las víctimas. Estamos estudiando qué postura adoptar y estamos todos de acuerdo en que deberíamos ir a Casación, pero no queremos posponer el juicio. Es claro que nos están obligando a someternos o postergar", dijo a DyN la abogada Martha Nercellas, representante de la DAIA junto al titular de la entidad, Rogelio Cichowolski.

La DAIA, principal entidad política de la colectividad local, junto a la AMIA, ha brindado constante respaldo al juez federal Juan José Galeano, instructor del caso. En cambio, Memoria Activa llegó a pedir el apartamiento del magistrado y formuló fuertes críticas a la dirigencia de la comunidad judía por su supuesta cercanía con el gobierno del ex presidente Carlos Menem. (DyN)