Es muy posible que por las horas en que esta edición aparezca en la calle para su venta, el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, esté concretando su encuentro con los gobernadores justicialistas en el marco de los contactos previstos a nivel institucional relacionados con las reformas anunciadas el viernes. Previamente el jefe del Estado tenía la intención de hacerlo con los bloques legislativos y los mandatarios de signo aliancista.

El jueves, el ministro de Economía de la Nación, José Luis Machinea, se comunicó con el gobernador santafesino para trasmitirle que el presidente Fernando de la Rúa buscaba un acuerdo de previsibilidad con las provincias que superara en el tiempo el Compromiso Fiscal que suscribieron en diciembre; un entendimiento hasta el 2003/2004.

La invitación llegó al final de una dramática semana para la economía argentina, en la que no sólo los índices financieros y de consideración externa se dispararon hasta límites impensables, sino que, además, la protesta social se intensificó. Los cortes de ruta pasaron a ser un dato cotidiano en casi todas las provincias, sin olvidar los episodios de Tartagal, en Salta, con saldo de heridos y una muerte.

Una semana que desnudó como nunca las consecuencias de la crisis institucional surgida a partir de la renuncia de Carlos Alvarez a la vicepresidencia de la Nación, con el saldo de la dispersión del poder político. Desde entonces se hizo patente la necesidad de trabajar para su reconstrucción.

En el mar de opiniones que se dieron en estos días, hubo coincidencia en los analistas de que la crisis, con repercusiones muy fuertes en la economía, tenía su origen en lo político, por lo cual resultaba prioritario atender ese aspecto. No sólo la figura presidencial apareció desvalorizada en los días anteriores a los anuncios en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, sino que también han tenido lugar otros hechos, por ejemplo que el Senado de la Nación prácticamente no ha sesionado desde la investigación sobre los presuntos sobornos. No se reunió todavía, por ejemplo, para considerar la baja de algunos impuestos que tres semanas atrás le había remitido el Ejecutivo nacional.

Entonces, la reconstrucción del poder en nuestro país aparece con necesidades más profundas y más amplias que el solo hecho de un presidente que muestre más creatividad, iniciativa y vigor.

Tiempo atrás señalábamos desde "Apuntes..." la conveniencia de alcanzar un acuerdo de carácter amplio, del que no podía quedar afuera el justicialismo, con mayoría en el Senado y que gobierna catorce Estados federales. Por lo menos, un entendimiento con las provincias llamadas grandes -que son las aportantes a la economía nacional- no puede soslayarse.

¿Pero un acuerdo sobre qué bases? Ese es el núcleo. El viernes a la mañana, cuando Reutemann comentó el llamado a Machinea, la provincia no tenía información de primera mano sobre el carácter de las medidas anunciadas por la noche. El gobernador mismo aseveró como necesario que su Ministerio de Hacienda conociera cuáles iban a ser los puntos sobre los que se pretendía acordar, a fin de analizarlos anticipadamente.

Fue terminante en este sentido cuando señaló que de esta manera "se generan situaciones muy complejas. Comprendo el equilibrio precario de este país, pero resulta complicado sentarnos a conversar cuando puntos del Compromiso Fiscal firmado en diciembre pasado no se han cumplido", explicó.

No es nueva esta posición. Reutemann, pero quizás más Juan Carlos Mercier, vienen diciendo que primero se debe cumplir lo firmado y luego pensar en nuevos acuerdos. Tampoco se trata de considerar parches; la perspectiva del análisis debe ser integral y a más largo plazo respecto de la economía del país.

La situación del país posiblemente obligue a una flexibilización de posiciones, sobre todo porque los anuncios económicos vienen anudados a un oxígeno financiero que el gobierno nacional espera del FMI y del Banco Mundial, y ese salvataje exigirá el compromiso de reformas estructurales profundas a encarar.

Lo que resulta incomprensible dentro del panorama descripto es que la Nación siga recurriendo al factor sorpresa cuando necesariamente se deben alcanzar acuerdos.

El gobierno nacional no está en posición de actuar solo en esta instancia. Más que nunca necesita el concurso de otros hombres de la política, que forman opinión a nivel externo. La misión de inversores que estuvo por horas en Buenos Aires, encabezada por el managing director de la banca JP Morgan, José Luis Daza, sólo mantuvo dos reuniones en la Argentina: una con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y otra con Carlos Reutemann. La consulta estuvo dirigida a conocer cómo se evaluaba la situación argentina desde adentro. Luego los consultores de inversiones siguieron viaje a Brasil.

En el contexto de protesta social, Rosario siempre es motivo de seguimiento, tanto a nivel nacional como local. Después de que medio centenar de personas reclamaran alimentos ante el supermercado Coto de la ciudad del sur, el gobernador fue a ver a Hermes Binner. ¿Debe interpretarse el gesto sólo como una actitud política, luego de que el intendente rosarino reiterara que "no es fácil conversar con Reutemann"?

Sin duda que no. Tal actitud, sólo social o tendiente a limar una aspereza política, no encuadra con la personalidad del mandatario. El recuerdo de los saqueos en la última época de Alfonsín, con participación de activistas, está siempre presente. Nadie quiere que esos hechos se repitan y Rosario siempre es una zona caliente, por el grado de marginación laboral que caracteriza a parte de su población.

Binner y Reutemann hablaron a solas durante 40 minutos. Después reiteraron la necesidad de trabajar en forma conjunta con la Nación en la solución de las demandas.

El mandatario comentó a El Litoral que tenía la impresión de que los planes de empleo nacionales "podrían ser reconsiderados o retocados", según los dichos de Patricia Bullrich, flamante ministra de Trabajo, a Roxana Latorre.

Reutemann descartó que fuera a mantener una audiencia con Bullrich en los próximos días. "Esa es misión de Latorre", precisó, tras recordar que él había conversado el tema con el propio De la Rúa, tres meses atrás.

Para este mes están previstos 12.900 planes de empleo nacionales, y la provincia aporta otros 15.000 PAS, más la ayuda social establecida por los comedores escolares y comunitarios. Desde el Ejecutivo se insiste en que unas 600.000 personas en la provincia demandan asistencia directa del Estado.