Legisladores de la Alianza propusieron la modificación de cuatro artículos de la ley 11.220 que estableció la concesión del servicio de agua potable y cloacas en 15 localidades de la provincia "en defensa de los derechos y legítimos intereses de los usuarios santafesinos y para orientar al Poder Ejecutivo en la renegociación con el concesionario que haga racional la prestación de aquéllos".

El proyecto lo firma el frepasista Alfredo Cecchi, pero es acompañado por legisladores de los demás bloques aliancistas. Los artículos que pretende modificar son los 56, 76, 91 y 92. Los autores entienden que "perdidas las instancias renegociadoras donde se podrían convenir nuevas pautas prestacionales y hacer más racional la provisión del servicio, debemos promover los cambios normativos necesarios en la legislación vigente". Advierten además que el proyecto se funda tanto en las demandas de los usuarios después de 5 años de concesión como en las manifestaciones de entidades defensoras de los derechos de usuarios y representantes de los gobiernos de las 15 ciudades concesionadas.

Uno de los artículos que proponen reformar es el que determina los parámetros de calidad del agua potable provista en sus límites obligatorios que, para los autores, violan lo establecido por el Código Alimentario Argentino y las tablas indicativas de la Organización Mundial de la Salud. "En razón de ello, entendemos imperioso establecer que a partir de la vigencia de esta ley rectificatoria, los límites recomendados pasarán a ser límites obligatorios".

Más adelante Cecchi y los diputados aliancistas consideran lesivo a los derechos de los usuarios el artículo que dice: "Las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que emiten por el servicio que presten, de acuerdo con el régimen tarifario respectivo, tendrán fuerza ejecutiva y su cobro judicial se efectuará mediante el procedimiento ejecutivo previsto en el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe", teniendo el concesionario derecho de cobrarles a los usuarios reales, que son los ubicados dentro del área servida, independientemente de que estén conectados o no a la red.

Además proponen modificar el artículo 91, quitándole a la factura del servicio la fuerza ejecutiva cual si fuera un tributo provincial, y establecer que sólo se les podrá facturar el servicio a los vecinos que lo reciban. De prosperar la moción, tampoco pagarán los lotes baldíos que no estén conectados, y ni unos ni otros deberán abonar el cargo de desconexión para no ser objeto del cobro de un servicio que no reciben. Además proponen cambiar la obligatoriedad de la conexión, haciéndola facultativa a favor de los vecinos.

Los legisladores proponen modificar en dos aspectos al artículo 92, para darle intervención al Enress antes de producirse el corte del servicio por falta de pago, el que sólo se podrá autorizar cuando el usuario no lo abone a pesar de su posibilidad y capacidad económica para hacerlo, y también establece que, cortado el servicio, el concesionario no tiene derecho a continuar facturando el mismo hasta que no se produzca su restablecimiento. Por último se incluye a hospitales y escuelas públicas entre los usuarios a quienes en ningún caso ni por motivo alguno pueda cortárseles el suministro del servicio.

Entre los fundamentos que utilizan los diputados aliancistas se encuentra la resolución 2.658, dictada por la Defensoría del Pueblo ante la presentación de un usuario a quien le fue interrumpido el servicio de agua por falta de pago, pese a lo cual Aguas Provinciales prosigue facturando los períodos posteriores al corte, que continúan devengándose.

La Defensoría consideró impostergable arbitrar las medidas para subsanar el problema y tutelar los derechos del usuario, y le recomienda al Poder Ejecutivo que incluya la problemática en el marco de la renegociación con Aguas Provinciales.