Unas quince mil hectáreas del territorio santafesino, próximas al límite compartido entre esta provincia, Córdoba y Buenos Aires, continúan bajo las aguas, como sucede desde 1997, como consecuencia de la saturación del sistema que se inicia en el sur de San Luis (río Quinto), ingresa al sur cordobés y finaliza en la laguna La Picasa, próxima a la localidad de Aarón Castellanos, sobre la ruta nacional 7.

Las pérdidas en el sector agropecuario, acumuladas en los últimos tres años, superan los 50 millones de dólares.

Por ahora no hay ninguna posibilidad de que este panorama mejore. Todo lo contrario, después de las inundaciones en zonas vecinas, porque un gran porcentaje de los excedentes que registra actualmente el sur cordobés ha comenzado a ingresar hacia este territorio con superficie plana y -consecuentemente- mínimo drenaje natural.

Además, la gran saturación de las napas hace aflorar el agua en lugares impensados, como sucede por estas horas en San Eduardo, Venado Tuerto y Villa Cañás (ciudades a 60 kilómetros al norte de la zona más perjudicada), lo que ya generó nuevas lagunas en una zona de terrenos bajos, próximas a la ruta nacional 33. Otra zona con complicaciones crecientes es la próxima a San Gregorio, por desplazamiento de la costa este de La Picasa. En esos distritos la actividad agropecuaria es prácticamente nula, dada la altura de las napas freáticas que prácticamente tiene saturados los suelos.

El ingreso de agua desde el oeste hacia esa laguna era esta mañana de unos 50 metros cúbicos por segundo, luego de las lluvias de la víspera en toda la cuenca.

Técnicos consultados esta mañana reconocieron que el nivel de La Picasa ascendió unos 12 centímetros en los últimos diez días.

Como se sabe, el año pasado se produjo el corte de la ruta nacional 7, entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear, y cesó el servicio del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (BAP).

Según admitió a este diario Eduardo Salleras, presidente comunal de Aarón Castellanos, "nuestra preocupación no es sólo por lo que sucede desde hace tres años sino por lo que nos queda por conocer, ya que las obras no se hacen, la inundación es cada vez más amplia y las pérdidas multimillonarias".

"Nos hemos dado cuenta de que cada vez necesitamos menos lluvia para inundarnos", subrayó.

Salleras recordó la serie de reclamos que elevaron oportunamente los presidentes comunales e intendentes del extremo sur santafesino. "Nos escucharon cuando ya era demasiado tarde, pero luego, cuando se decidieron a realizar las obras, aparecieron los impedimentos", indicó.

Tampoco la solución precaria para el peor desastre económico y ambiental de los últimos 80 años, pudo llevarse a la práctica.

Santa Fe inició este año la construcción de un canal de 70 kilómetros, con estaciones de bombeo en las inmediaciones de la laguna La Picasa, al norte de la inundada ruta nacional 7, que desaguaría en la laguna Del Chañar, sobre territorio bonaerense, pero la medida fue cuestionada judicialmente por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos Bonaerense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el recurso de amparo de Buenos Aires y ordenó a Santa Fe a retrotraer la situación a tiempos anteriores.

La medida cautelar cerró las puertas a una solución precaria -pero principio de solución al fin-, y alejó toda posibilidad de una pronta recuperación de los suelos y la reapertura de un centenar de explotaciones que desde hace casi tres años se encuentran abandonadas.

Funcionarios de la región tenían previsto reunirse hoy para considerar los informes técnicos sobre las obras en cada provincia.

En el caso de Córdoba, se adelantó que los trabajos anunciados en el llamado Canal Devoto se ejecutaron parcialmente como consecuencia de los recortes presupuestarios.

En territorio bonaerense, localidades como Iriarte y Vedia soportan también inundaciones, observándose un mínimo drenaje de las aguas acumuladas.