Los recientes derrames de sustancias tóxicas que se produjeron en un lapso de cuatro días en dos transitadas rutas del norte santafesino -nacional 11 y provincial 1- generaron no poca preocupación en la opinión pública, sensibilizada cada vez más por la preservación del medio ambiente.

Los accidentes provocaron la inmediata reacción y varios interrogantes sobre las consecuencias impredecibles que habrían originado estos hechos de haberse producido en áreas densamente pobladas.

El primer incidente ocurrió en las cercanías de Romang, donde presuntamente un camión -no se pudo determinar hasta ahora qué tipo de transporte era- esparció por varios kilómetros hidróxido de sodio sobre la cinta asfáltica y sobre una de las banquinas.

La cuestión motivó un pedido de informes en la Cámara de Diputados por parte de la legisladora costera Silvia Migno, quien pretende obtener mayores precisiones sobre las causas que motivaron el vertido y la identidad de sus autores.

El otro derrame se registró en jurisdicción de Vera, donde volcó un camión que contenía ácido sulfúrico, mientras lo transportaba desde Santa Fe al norte. El accidente hizo que dos de sus ocho tambores se rompieran y esparcieran la peligrosa sustancia sobre las banquinas. Y, lo que resulta inadmisible, es que el camión no tuviera identificación alguna de la sustancia que portaba; flagrante violación de la ley de tránsito a nivel nacional.

Sabido es, al respecto, que la provincia de Santa Fe no adhirió a la ley 24.051, sancionada por el Congreso de la Nación el 17 de diciembre de 1991 y que regula todos los aspectos vinculados con la generación, manipulación, transporte y tratamiento final de los residuos peligrosos.

La mayoría de las provincias ya se rigen por ese plexo legal, a excepción de Santa Fe, Córdoba, Misiones, Santa Cruz y Jujuy. Buenos Aires, Mendoza y Chubut dictaron ya en 1992 sus normas, mientras que Tierra del Fuego y La Pampa lo hicieron en 1993. Al año siguiente fue el turno de Santiago del Estero, en el '95 lo hicieron San Luis, Catamarca y San Juan; luego La Rioja en el '96 y el año pasado se incorporó Salta.

Teniendo en cuenta los nuevos vínculos de integración económica que se están dando en el ámbito del Mercosur y que tienen a nuestra región como uno de los nodos vertebrales del transporte de cargas, cabe una pregunta obligada: ¿Qué pasa por las rutas de Santa Fe?

Mientras tanto se trabaja en la reglamentación de la nueva ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo primer proyecto ya fue presentado a la Secretaría General de la Gobernación y que prevé la realización de audiencias públicas, parlamentos estudiantiles y la designación de áreas naturales protegidas.

Un segundo proyecto de decreto reglamentario de la ley 11.717 incluye normas sobre calidad de aire, agua, y suelo, y que según el gobierno fue consultado con entidades industriales y ONG's para hacerlo homogéneo con la legislación nacional.

Es imperioso que Santa Fe cuente con normas de impactos y auditorías ambientales que rijan los alcances y obligaciones de la industrias, para estar en igualdad de condiciones con otras provincias, fijándose reglas claras que contemplen a todos los actores y que, por sobre todas las cosas, se las haga cumplir, ya que lamentablemente nuestro país muestra en forma reiterada signos inequívocos de degradación ambiental por la ineficiente aplicación del poder de policía que le corresponde a los organismos competentes que no cumplen con sus funciones, lo que deriva en sospechas recurrentes y falta de credibilidad de la ciudadanía.