La defensa de Enrique Arancibia Clavel, condenado a reclusión perpetua por el crimen del general chileno Carlos Prats, apelará la semana próxima esa sentencia ante la Cámara de Casación Penal y cuestionó el voto "político" de la mayoría del tribunal.

El abogado Eduardo Gerome adelantó a la agencia DyN que los fundamentos de la sentencia, que se conocieron recién ayer, "tuvieron un voto brillante: precisamente el del juez Horacio Vaccare", quien se pronunció en disidencia y pidió la absolución del acusado. "Es el único voto jurídico de todos, porque el fallo de la mayoría -dado por los jueces José Martínez Sobrino y María del Carmen Roqueta- fue político y mediático y vulnera la garantía de la defensa en juicio", aseguró el letrado.

A su criterio, el tribunal tomó "una solución política consistente en condenar a un inocente para ofrecer un chivo expiatorio a la opinión pública".

Arancibia Clavel -miembro de la policía secreta chilena- fue condenado el lunes 20 a la pena de reclusión perpetua por encontrárselo responsable del delito de asociación ilícita agravado y partícipe del doble homicidio calificado del general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en la madrugada del 30 de setiembre de 1974 mediante un atentado con bomba en el barrio porteño de Palermo.

Los jueces Martínez Sobrino y Roqueta pidieron la condena, mientras que Vaccare votó en disidencia.

En el escrito de más de 200 fojas, al que tuvo acceso DyN, Martínez Sobrino y Roqueta entendieron que está probado que hubo un grupo de personas que "se unió con una voluntad asociativa específica consistente en desplegar a través de sus agentes una serie de actos tendientes a la persecución y represión tanto en territorio chileno como en el extranjero de personas manifiestamente opositoras al régimen militar dirigido por la `Junta de Gobierno' que encabezaba Augusto Pinochet". Y sostuvieron que "el crimen de Prats se inscribió en este panorama".

Según establecieron, "se ha probado acabadamente que Arancibia Clavel tomó parte a partir del mes de marzo de 1974 de una asociación de más de tres personas, integrada al menos por Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza y Michael Townley, que tenía el fin de cometer delitos".

También ordenaron que la justicia investigue ahora la denuncia de Laura Elgueta Díaz, una testigo chilena que aseguró en las audiencias que Arancibia estuvo presente cuando fue torturada en 1977.

Sin embargo, para el juez Horacio Vaccare, las pruebas en la causa no constituyeron un verdadero elemento para acreditar la participación de Arancibia en el hecho. DyN.