Presuntas irregularidades en organismo municipal
Un agente de la Dirección de Transporte formalizó denuncia en la Fiscalía. Había sido separado de la función asignada.
Elevó una denuncia ante el fiscal de la Municipalidad, Dr. Alfredo Gabriel Palacios, el empleado de la Dirección de Transporte Alberto Walter Leiva, señalando la existencia de lo que considera irregularidades en la dependencia.
Entre las presuntas anomalías, menciona que personal de Inspección cumple funciones de administración sin haber renunciado al cobro del 40 % del sueldo asignado violando el estatuto escalafón del personal en su artículo N° 58 en vigencia. Se ocasiona un gasto de aproximadamente 4.500 pesos mensuales a la administración, la falta de personal de control en la tarea específica de trece funcionarios en esta tarea y la no provisión de más o menos 10 agentes administrativos que al ingresar en la categoría 08, percibirían 310 pesos con más función administrativa.
Leiva suministra la nómina del personal que no renunció al cobro del 40 % y está en función administrativa al comienzo de la gestión del director actual, entre ellos seis inspectores; cinco adscriptos a la dirección y dos que revistan desde hace tres meses.
Sugerencias
Sugiere al fiscal proceda al secuestro de varios elementos como prueba de parte, entre ellos el libro de registro de entrega de talonarios de actas de infracción al personal en cuestión, orden de trabajo confeccionado para la tarea diaria firmada, planilla de asistencia diaria, libro de guardia del Departamento de Transporte, similar a la que lleva la Guardia de Brigada Motorizada y planillas de asistencia.
También copias u originales de los pedidos de eficiencia técnica o formularios para la habilitación de nuevas unidades en el servicio de taxis, remises, transporte escolar y unidades del transporte urbano de pasajeros que se hallan en el Departamento de Transporte y se solicite a la Dirección de Rentas el estado de deuda de las unidades habilitadas para prestar servicios en los diferentes sistemas de transporte, desde agosto de 2000 hasta la actualidad.
Refiere Leiva que pidió formalmente reconsideración y amparo al haber sido víctima de abuso de autoridad sin mediar causa justificada, reservándose el derecho de accionar legalmente al estar en vigencia la ordenanza 10.618.
