Buenos Aires (C).- El ingreso social básico para jefes de hogares desocupados, y de familias indigentes, sería puesto en vigencia partir de julio próximo mediante un decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernando de la Rúa, pero con previo acuerdo de los gobernadores.

Así lo anticiparon ayer la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, junto a su par de Salud -a cargo de desarrollo social- Héctor Lombardo y los representantes provinciales de las áreas de trabajo y acción social. A la reunión asistió la santafesina Roxana Latorre, secretaria de Promoción Comunitaria de la provincia.

El acuerdo comprende además a las CGT -oficial y disidente-, cuyos apoderados legales -Alberto Tomasone y Héctor Recalde- participaron también del encuentro desarrollado en la sede de la cartera laboral.

Patricia Bullrich explicó que "hemos trabajado para que esto se transforme en un compromiso federal y social entre la Nación, las provincias y las centrales de trabajadores, para poner en marcha el ingreso social de los sectores en estado de extrema pobreza", que funcionará en forma independiente del subsidio por desempleo que establece la ley N° 24.013.

Por su parte, Lombardo señaló que el "primer grupo de ataque" del plan alcanza a 206 mil familias en todo el país, que incluyen a unos 337 mil hijos menores de 15 años.

En principio, el subsidio sería de 160 pesos por familia, más 20 pesos en efectivo o especies por cada hijo menor de 15 año. Pero esos montos podrían variar de acuerdo a la zona y a la emergencia de cada caso.

Los gobernadores deberán elevar sus propuestas sobre ese tema y sobre el mecanismo de acceso al subsidio. El próximo 19 del corriente se reunirán los consejos federales del Trabajo y de Acción Social para definir posiciones.

La Nación aportaría para este plan unos 500 millones de pesos, pero dejaría sin efecto otros programas sociales como el Plan Trabajar. Además, la implementación del nuevo subsidio sería "gradual".

Por su parte los representantes de las CGT que conducen Daer y Moyano anticiparon, junto a la ministra Bullrich, el estudio de cambios en la ley N° 24.013 que establece el subsidio por desempleo, que funcionará independientemente del referido subsidio para familias indigentes.

Bullrich explicó que las centrales obreras participarían en un sistema mediante el cual los sindicatos oficiarán como oficinas de una red de capacitación y empleo, destinada a la reinserción laboral y para evitar la consolidación del "desempleo estructural".

En cuanto al nuevo subsidio para familias indigentes, Tomasone (CGT oficial) reclamó su rápida aprobación, mientras que Recalde celebró que el tema sea asumido como "política de Estado", pero advirtió que son 750 mil las familias que viven con necesidades básicas insatisfechas.

Unas 35 mil familias de la provincia de Santa Fe cubren las condiciones para acceder al ingreso social básico anunciado ayer, según lo reconoció a El Litoral la secretaria de Promoción Comunitaria, Roxana Latorre. Pero no todas podrían alcanzar el subsidio.

La funcionaria aclaró que según la encuesta permanente de hogares de octubre último, las familias con necesidades básicas insatisfechas suman unas 80 mil en toda la provincia, pero de ellas sólo 35 mil reúnen los tres requisitos: jefe de hogar desocupado, necesidades básicas insatisfechas y 3 hijos menores de 15 año.

"Vamos a pelear la mayor cobertura posible, según las instrucciones del gobernador. Pero aquí se habló de una instrumentación progresiva y gradual", fue la respuesta de la funcionaria cuando El Litoral le consultó a cuántas de esas 35 mil familias alcanzará el nuevo plan.

Además, reconoció que los montos del subsidio están "en discusión". Dijo que "el gobernador debe afinar algunos criterios" y reiteró que "Santa Fe apuesta a una unidad ejecutora con la Nación, el registro único de beneficiarios y el entrecruzamiento permanente de datos".