Los gobernadores justicialistas lanzaron una audaz propuesta al presidente Fernando de la Rúa para coparticipar "todos los recursos tributarios, sin techo ni piso, a suerte y verdad" a partir del año próximo, al tiempo que piden generalizar el uso de bonos en Nación, provincias y municipios, en los tres poderes de gobierno.

La propuesta fue enviada a De la Rúa y dada a conocer anoche por el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, al término de las deliberaciones de los mandatarios del PJ en la Casa de Salta.

En respuesta a los mandatarios justicialistas, De la Rúa sostuvo que el gobierno seguirá buscando arribar a un acuerdo por la coparticipación federal, porque "está en juego el interés del país".

En la misiva, se le advierte al jefe de Estado que los términos de las propuestas presentadas ante los gobiernos conducidos por el Justicialismo resultan "inaceptables" debido a que a su juicio "no se puede convalidar la existencia de ciudadanos de primera y de segunda".

Esto tiene que ver con la "falta de claridad" expresada en el convenio para concretar la distribución de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) para abonar las deudas comprometidas en el período julio-diciembre.

"Nos quieren pagar con un papel que no van a usar", aseguró el misionero Carlos Rovira minutos antes de dejar la Casa de Salta, al tiempo que consideró que las mandatarios del PJ "estamos dispuestos a reiniciar las conversaciones cuando vuelva el presidente Fernando de la Rúa" de su gira oficial por Estados Unidos.

El paper enviado a la Casa de Salta -lugar que sirvió ayer de búnker a los gobernadores justicialistas-, habla de la posibilidad de realizar el envío de Lecop por las deudas pendientes en el 2001 en concepto de coparticipación, en un monto que no exceda el 40 por ciento de los envíos totales.

El texto también señala que "en ningún caso las transferencias en pesos por estos conceptos serán menores al 60 por ciento del total transferido".

Más allá de esto, los mandatarios del PJ se quejaron anoche debido a que "no quedan claros" los compromisos de pago que asumiría el Estado Nacional y, en segundo lugar, también objetaron la decisión de la Nación de solicitar una poda de hasta el 13 por ciento sobre las transferencias programadas a partir del 1° de enero del 2002.

Otra de las trabas del acuerdo se encuentra en la falta de garantías ante la propuesta formulada por la Nación de conseguir una financiación de hasta el siete por ciento con las deudas provinciales.

"Hemos mantenido contactos con los bancos y no está nada garantizado: nadie lo puede hacer", manifestó uno de los gobernadores.

La carta remitida a De la Rúa fue leída por Rodríguez Saá, mandatario que fue acompañado en conferencia de prensa por sus pares José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe), Gildo Insfrán (Formosa), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy), y Juan Carlos Romero (Salta).

También participaron los vicegobernadores Felipe Solá (Buenos Aires), y Daniel Gallo (Tierra del Fuego), en tanto que minutos antes se había retirado de la Casa de Salta Angel Maza (La Rioja), Carlos Juárez (Santiago del Estero), y Rubén Marín (La Pampa).

La misiva que recaló en la Casa Rosada le solicita al gobierno nacional que "deje de retener indebidamente los impuestos que le pertenecen a las provincias", lo cual, sostienen los gobernadores del PJ, "impide cumplir con el pago de sueldos y jubilaciones a empleados públicos" provinciales.

También reclama "acordar, a partir del 1° de enero de 2002, conforme lo establece la Constitución Nacional reformada en 1994, la coparticipación de todos los recursos tributarios sin piso ni techos de acuerdo con lo que se recaude, sin retaceos ni restricciones".

En la carta, los mandatarios justicialistas manifestaron además que la Nación debe tener en cuenta que "todos los impuestos recaudados se deben constituir en garantía de los mismos, en proporción a los porcentajes que a Nación y provincias les corresponden".

El justicialismo redobló la presión sobre el oficialismo en una reunión de los senadores electos: después de trazar un grave cuadro institucional resolvió por unanimidad reclamar la presidencia provisional de la Cámara alta y convertir en ley la próxima semana la coparticipación del impuesto al cheque.

De esta forma, el justicialismo dio un paso más hacia una virtual cohabitación en el poder con el radicalismo, que se complementa con la férrea posición de los gobernadores de su partido en las negociaciones que mantienen con la Nación, y con el primer triunfo en una votación en la Cámara de Diputados, concretado con la coparticipación del impuesto al cheque.

Según relataron varios de los senadores presentes, en el encuentro se realizaron preocupantes diagnósticos sobre la situación institucional del país y muy duras críticas hacia la supuesta intransigencia del gobierno en su trato hacia las provincias.

En un comunicado de prensa dado a conocer tras el encuentro evitaron hacer mención de esas evaluaciones pero dejaron expresada su decisión de ejercer "la responsabilidad concedida por la mayoría del pueblo argentino en las elecciones nacionales del 14 de octubre último, de conducir el Honorable Senado de la Nación".

Aunque la definición del hombre que reemplazará al radical Mario Losada recién se definirá el jueves próximo, la mayoría de los senadores coincide en señalar que el que tiene más posibilidades de ubicarse como virtual vicepresidente de la Nación es el también misionero Ramón Puerta, lo cual representaría un triunfo para el Frente Federal integrado por las provincias chicas.

Los otros nombres que están dando vuelta son los del salteño Marcelo López Arias y del cordobés Juan Carlos Maqueda, aunque hay mayores posibilidades de que terminen ocupando la vicepresidencia del Senado y la vicepresidencia del bloque del PJ.

López Arias justificó la decisión tomada por los legisladores electos ante la "permanente actitud del gobierno de avasallar los intereses provinciales y la intención de que el Congreso no funcione".

El jefe del bloque radical, Jorge Agúndez, sostuvo por su parte: "Nosotros siempre respetamos la sucesión presidencial. Es una decisión política que no tiene que ver con los números del Senado, porque excede el marco de nuestros bloques. Cuarenta son siempre más que veinte. Eso lo deberá resolver el Partido Justicialista con el Gobierno de la Nación".