Con la asunción de dos nuevos ministros, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia completó su integración, cubriendo las vacantes generadas después de las últimas renuncias.

El acto puso fin a más de dos meses en que el organismo se vio impedido de tomar resoluciones jurisdiccionales, ya que los cuatro miembros con que contaba no alcanzaban el quórum necesario para ello. No obstante, durante este lapso siguieron celebrándose reuniones de acuerdo y avanzó el estudio de expedientes -uno de ellos, el pedido de avocación en el controvertido amparo de un grupo de jueces contra la provincia por los descuentos previsionales-, con el objetivo de facilitar la pronta toma de decisiones, apenas regularizada la situación.

Pero esta asunción también pone fin a un período más largo, de casi dos años, en cuyo transcurso se llevó a cabo todo el proceso de renovación de miembros encarado por la actual gestión de gobierno. Al fin, supuso el reemplazo de cuatro integrantes de la Corte, sobre un total de seis.

El desplazamiento de ministros que, en algunos casos, estaban severamente cuestionados o asociados a determinadas etapas de la política santafesina, derivó en la "oxigenación", que ya desde su primer mandato el gobernador pretendía.

El carácter de "transición" del reciente período se ve reforzado por otros datos. También este año logró constituirse, finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuya puesta en marcha significa descargar del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia el trámite de los expedientes en esa materia. Por cierto, su incidencia no es menor: del millar de nuevos expedientes ingresados el año pasado en la Corte, por ejemplo, la mitad correspondía a reclamos contra el Estado. El flamante organismo ya ha tomado intervención en varios casos -entre otros, uno vinculado al transporte urbano en la ciudad de Santa Fe- y la expectativa es que su actuación permita que el Alto Tribunal se concentre más en la función de órgano superior de apelación y control constitucional, a la vez que supere paulatinamente sus crónicos problemas de mora.

Por otra parte, el Poder Judicial santafesino ya está en la fase de concreción de un proyecto largamente acariciado e insistentemente fogoneado desde su cabeza formal: la informatización total de los tribunales de la provincia, como parte de un programa integral de modernización, que incluye también el rediseño administrativo de la estructura.

El perfeccionamiento del desarrollo de prestaciones avanzadas -como las que se dan en el Instituto Médico Legal de Rosario-, el énfasis puesto en la capacitación, los avances al respecto de los medios alternativos de solución de conflictos, son elementos positivos de data más o menos reciente, cuyos efectos benéficos comienzan a proyectarse. A esto todavía queda por sumar la optimización en el proceso de selección de jueces, a través de la reglamentación del Consejo de la Magistratura y el tratamiento legislativo del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, con la previsión de trámites abreviados y la incorporación de modalidades tendientes a la oralidad.

Con todos estos elementos, no debiera resultar ilusorio pretender la verificación de mejoras concretas y palpables en la prestación del servicio de justicia. De la misma manera, cabe exigir a los responsables de regir su funcionamiento desde el escalón superior, que garanticen el aprovechamiento integral y efectivo de todos estos logros e iniciativas, en orden al beneficio institucional y de los ciudadanos.

Todavía queda mucho por hacer y los desafíos que la Justicia afronta en los tiempos que corren van en aumento, tanto en cantidad como en complejidad. Pero así como deben ser admitidos estos condicionamientos y destacados los pasos dados en el sentido correcto, es menester requerir, hoy más que nunca, un Poder Judicial ajustado a los tiempos que corren y con un arraigado sentido de servicio e inserción en la realidad social. Gran parte de esa responsabilidad -al menos en la orientación general y el diseño estructural- pasa por la Corte Suprema de Justicia. Superada esta etapa de transición, es oportuno que extreme su ejercicio y ayude al acercamiento de la comunidad hacia sus instituciones, superando una brecha que desde los propios tribunales se ha contribuido a ensanchar.