El secretario general, Hugo Ghío, deberá cumplir prisión preventiva.
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El gremio recibió casi 4 millones de pesos. Sus dirigentes no lograron explicar el destino dado a los fondos. Les atribuyen administración fraudulenta, asociación ilícita y retención indebida.
El juez de Instrucción de la Segunda Nominación, José Manuel García Porta, dictó esta mañana un auto de procesamiento que involucra al Secretario General de Asoem, Hugo Ghío, al secretario adjunto, Luis Carabajal, y a otros tres integrantes de la comisión directiva.
Así, Hugo José Ghío, Luis Carabajal, Demetrio Miguel Giannakis, José Luis Vivas y Miguel Alfredo Fernández fueron procesados por los delitos de retención indebida, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Según las pericias realizadas por el Perito Contador designado por la Corte, el gremio percibió, en el término de un año, 3 millones 800 mil pesos, sin que haya podido justificar el destino dado a tales fondos.
El magistrado dictó también prisión preventiva para Hugo Ghío, en tanto que los demás imputados fueron beneficiados con la libertad provisional.
Notificado este mediodía del resolutorio, el abogado Antonio Ciaurro -defensor de Carabajal- dijo a El Litoral que estudia la posibilidad de apelar la medida.
García Porta ordenó también la traba de importantes embargos sobre los bienes de los procesados: 100 mil pesos para Ghío y 50 mil para los demás.
Según informó Ciaurro, la resolución judicial advierte sobre la ausencia de registros contables (documentación obligatoria) tales como libros de actas, registros de asociados, libros de caja, inventarios y balances, etc.
La investigación puso de relieve las actuaciones de Giannakis y Fernández, autorizados para firmar cheques, y la de Vivas, quien -al igual que los antes nombrados- era responsable de llevar las registraciones contables en su área.
Según se recordará, la investigación judicial se inició merced a la denuncia de algunos de los miembros de la comisión directiva de Asoem, quienes, al advertir las maniobras, alertaron a la Justicia para deslindar su propia responsabilidad por tales hechos.
Varios empleados municipales se habían quejado de haber recibido intimaciones de pago por parte de empresas con las que habían contratado a través del gremio, siendo que mensualmente se les descontaban los montos necesarios para cancelarlas.
El caso más alarmante fue el del Banco Sudameris, que llegó a acumular una acreencia de más de 700 mil pesos en relación con afiliados de Asoem.
Similares casos, aunque con cifras inferiores, involucraron a una aseguradora de riesgo de trabajo, una empresa funeraria y un supermercado.
