Genéricos: el Estado debe garantizar un buen control
La aprobación de la ley de genéricos plantea una nueva realidad en la provincia de Santa Fe. A partir de ahora, médicos y odontólogos están obligados a recetar a sus pacientes los nombres de las drogas, en lugar de apelar a las denominaciones comerciales de los medicamentos.
Quienes así no lo hagan, deberán ser castigados por los organismos estatales de control.
Los defensores de esta ley aseguran que ayudará a bajar los precios de los remedios que, en muchos casos, subieron durante los últimos años más allá de toda lógica. En efecto, los valores crecieron por sobre los niveles de inflación registrados en la Argentina desde el final de la Convertibilidad e, incluso, por encima del porcentaje de devaluación del peso frente al dólar.
Desde siempre existió la sospecha de que los laboratorios más poderosos premian de diferentes maneras a ciertos médicos para que receten sus productos, a pesar de que sean más caros que otros. También aparecen dudas sobre la manera de actuar de algunos farmacéuticos que no siempre informan a sus clientes sobre la amplia gama de presentaciones y precios que existen en materia de medicamentos.
Sin embargo, los profesionales se defienden y aseguran que no todas las marcas de una misma droga tienen la misma calidad ni producen el mismo efecto sobre los enfermos.
La realidad demuestra valores inexplicables. Hay laboratorios que llegan a triplicar el precio de una droga, con relación a otros que son menos conocidos o que no cuentan con un aparato de marketing tan bien montado. A partir de ahora se espera que la nueva ley iguale las condiciones de competencia entre unos y otros, lo que debería producir una saludable reducción en los precios.
Sin embargo, la problemática de los medicamentos tiene otra cara. Los laboratorios más fuertes y muchos médicos afirman que existen diferencias de calidad entre unas marcas y otras. Por esta razón, muchos profesionales prefieren recetar a sus pacientes los productos de ciertos laboratorios más conocidos y con mayor prestigio internacional.
En medio de esta discusión aparecen los pacientes que, a menudo, no tienen el dinero necesario para comprar medicamentos que en los últimos años multiplicaron sus precios a pesar de la estabilidad económica de la que gozó el país.
Sin embargo, estos mismos pacientes se preguntan si las marcas que se ofrecen a precios más bajos cuentan con los estándares de calidad suficientes como para confiarles su salud.
En medio de esta discusión que plantea tantos interrogantes, la ley de genéricos torna imprescindible que los controles ejercidos por el Estado nacional mejoren y lleven tranquilidad a la población.
La salud de los habitantes de un país no puede estar sólo en manos de empresas comerciales, cuyo objetivo final es ganar dinero. El Estado deberá garantizar, ahora más que nunca, que todos los remedios puestos a disposición del público cuenten con la calidad industrial adecuada y la cantidad de droga especificada, más allá de sus precios de venta.
Es inaceptable que la duda persista cuando la salud está en juego. La apuesta de esta nueva ley podrá ser beneficiosa para un país económicamente jaqueado, pero siempre y cuando el Estado cumpla en forma eficiente con su indelegable función de control. Si esto no ocurriera, será la población la que nuevamente sufrirá las consecuencias.
