La reciente sanción en el Congreso Nacional con la aparente pretensión de derogar las jubilaciones de privilegio, quedó lejos de cumplir el objetivo de justicia que debe identificar a toda norma. El texto sancionado evidencia la incapacidad política que signa al país, y amenaza convertirse en un jubileo más para la ruinosa industria del juicio.

La nobleza del fin perseguido se convirtió en un nuevo triunfo de la demagogia. Son muchos los legisladores nacionales que han reconocido -en los mismos pasillos del Congreso- que votaron afirmativamente para no afrontar costos ante la opinión pública, que desde hace años reclama la supresión de irritantes privilegios.

El texto votado poco tiene que ver con ese reclamo. La norma es de hecho el caldo de cultivo para nuevas demandas contra el Estado, y lejos de producir ahorros para afrontar la crisis, ofrecerá motivos para millonarios reclamos que tendrían que ser pagados por todos los contribuyentes en el futuro.

Los legisladores argentinos no han sabido o no han querido encontrar una normativa que responda al más elemental criterio de justicia. La acción parlamentaria debería garantizar que todo ciudadano tenga un tratamiento igualitario en la adjudicación de su haber jubilatorio, proporcional a la jerarquía de su tarea, a la cantidad de años en los que aportó y a la edad en la que se le habilite el retiro. Pero eso no es lo que se votó.

La reciente sanción del Congreso confunde privilegio con régimen especial. Además comete una injusticia flagrante cuando pone un tope igualitario a quienes aportaron toda una vida y se retiraron con la edad común al régimen general, con otros que aportaron por apenas días, o por un puñado de años, y se retiraron sin la edad mínima requerida, incluso apelando a artilugios ilegales e inmorales para percibir un haber propio de quienes han cumplido altas funciones.

Los primeros tienen derechos adquiridos, que deben ser respetados. El resto debe ser objeto de una paciente y decidida tarea administrativa, que detecte a todos quienes se sumaron indebidamente a la nómina de jubilados con altas remuneraciones, por vía de la transferencia de Cajas Provinciales o como consecuencia de maniobras de dudosa legalidad. Ellos deben ser, además, objeto de acciones resarcitorias por parte del Estado.

El Poder Ejecutivo ha anunciado que vetará parcialmente la norma para prevenirse de costosos juicios, manteniendo toda derogación a futuro de regímenes que planteen desigualdades irritantes ante la ley. Pero debe hacer más: debe ir en busca de los privilegiados ilegales que la corporación política generó y que todavía son sostenidos por los contribuyentes argentinos que pagan sus impuestos.

El gobierno -presidente y legisladores- tiene la obligación de encontrar mecanismos legales y conducentes para restablecer la justicia en el régimen previsional. Debe atender primero la ignominia del recorte de haberes que no cubren las necesidades vitales, y deben procurar un sistema respetuoso de quienes trabajaron y aportaron en toda la escala de los tres poderes del Estado.

Funcionarios políticos, jueces, obispos y todo eventual destinatario de regímenes especiales deben por su parte producir gestos, más allá de la ley, ante una sociedad que necesita cimientos para la reconstrucción moral y administrativa del país.