Invitado a disertar en las Jornadas sobre Emergencia Económica que organizó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, estuvo en Santa Fe el profesor y abogado Héctor Alegría, uno de los especialistas más reconocidos del país en materia de Derecho Concursal y de Quiebras.

Alegría tiene 66 años, es profesor emérito de la UBA, dirige una revista sobre derecho privado y comunitario e integra el comité de reformas de la Ley de Quiebras.

-¿Cuáles son los proyectos de reformas a la legislación vigente para enfrentar la crisis argentina?

-Lo que se intenta hacer es copiar a Inglaterra, que en momentos de crisis generalizada le pidió a los bancos que formaran consorcios y se comprometieran a resolver amigablemente las consecuencias de las crisis empresarias.

Otros países que tuvieron este tipo de crisis sistémicas, básicamente el sudeste asiático, adoptaron lo que en castellano podríamos traducir como lugares de trabajo, un ámbito donde concurrían acreedores y deudores a los fines de encontrar una solución adecuada a la crisis de una empresa bajo dos o tres compromisos.

En nuestro país, con la base estructural que tenemos, hemos recogido alguna de estas experiencias, como por ejemplo lo que se ha dado en llamar el acuerdo preventivo extrajudicial obligatorio, que contiene la última Ley de Quiebras. Esto es, que los acreedores lleguen a un acuerdo con el deudor y se lo lleven al juez para que, si está de acuerdo con la ley, lo homologue, sin necesidad de hacer un concurso.

-¿Qué diferencia hay entre esto y lo que se hacía antes en el país respecto de los concursos y quiebras?

-Que es obligatoria para todos. Es decir, si un deudor logra una mayoría suficiente de acreedores y el juez cree que el acuerdo es homologable, a los que no dieron el consentimiento, también se les obliga a acogerse, con lo cual la solución se hace más rápida y económica.

Pero eso no es bastante porque mientras se llega a un acuerdo con los acreedores, pueden pedir la quiebra o embargar, entonces la empresa se deshace y hay que ir a un concurso preventivo que es largo y costoso.

Por eso ahora, lo que se busca es introducir otro procedimiento previo de espera para que una empresa en crisis, bajo el amparo de una institución representativa, como por ejemplo las bolsas de Comercio o las entidades gremiales empresarias, tenga un tiempo de espera de seis meses para acordar con sus acreedores, bajo el compromiso de no pedir la quiebra y no deshacerse de la empresa.

-¿Cómo ve hoy la Ley de Quiebras, después de haber sido durante los primeros meses del año uno de los temas más controvertidos?

-Creo que la norma tiene una serie de mejoras muy importantes, como la del acuerdo preventivo extrajudicial obligatorio. Y también la de devolver a los jueces ciertas facultades para homologar acuerdos. Antes los magistrados eran señores que contaban votos. Hoy tienen una facultad tan importante como la de considerar en un concurso distintas situaciones con los fines de homologar un acuerdo.

-Respecto al tema específico suyo, ¿nota que la situación tiende a mejorar y que el país se adaptó rápidamente para tratar de encontrar algún tipo de solución para que la mayoría de las empresas no quiebren masivamente?

-Se produjo un fenómeno sociológico y económico, que vengo sosteniendo desde hace un tiempo, y es que el concepto de que cuando una empresa debe ser liquidada o entrar en una situación concursal, es fluctuante de acuerdo con la época.

Si hoy tuviéramos que decir que todas las empresas que andan mal tienen que ir a concurso o tuviéramos la legislación de algunos países por lo cual la quiebra puede ser declarada de oficio, estaríamos en una quiebra generalizada.

Tanto los bancos, que son los grandes acreedores, como los proveedores comerciales y los obreros y empleados, saben que tienen que coadyuvar para que la empresa pueda seguir porque, de lo contrario, pierden todos.

De manera que hay una especie de recomposición, todavía no definitiva, que importa mucho porque es una especie de toma de conciencia generalizada de que no es solución la quiebra y fundir la empresa, y que hay que encontrar una vía consensuada de salida, que todavía no está legalizada, pero que tiene que salir porque sino habrá grandes problemas y el país va a sufrir.

-¿Por ejemplo?

-Las empresas privatizadas de servicios públicos que están debiendo en dólares y cobrando en pesos, por lo cual su equilibrio económico ha desaparecido totalmente. Alguna solución habrá que encontrar. De todas maneras, hay una espera para ver qué pasa con los reajustes de tarifas y también quién será el nuevo gobierno. Saben que no pueden apurar las cosas porque sino matan al enfermo.