La misión conjunta del Fondo y el BM analiza los contratos de las empresas privatizadas. Atanasof aclaró que sólo asesora al gobierno.
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que desde ayer se encuentran en el país, comenzaron a analizar junto al ministro de Economía, Roberto Lavagna, los contratos de los servicios públicos privatizados.
Esta mañana el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, volvió a remarcar que la misión conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que arribó ayer al país se limitará a analizar la situación financiera de las empresas de servicios públicos y a asesorar al gobierno en la renegociación de los contratos.
"Esta misión conjunta del BM y del FMI nada tiene que ver con las tarifas o con eventuales aumentos de tarifas. Esta es una misión de análisis y de estudio del estado de situación de las empresas y de los servicios que prestan", afirmó hoy Atanasof en su habitual conferencia de prensa, en Casa de Gobierno.
El funcionario recalcó que la misión de técnicos de los organismos multilaterales de crédito arribada al país, lo que hará es "dar su punto de vista sobre el mejoramiento de los servicios y nada más".
Compensación
Según dijeron voceros del Palacio de Hacienda, se intenta encontrar alternativas para compensar las pérdidas de las compañías, que no pasen necesariamente por una suba tarifaria del orden del 50 por ciento, tal como pretenden los concesionarios y los organismos internacionales.
Tanto el FMI como el BM habían informado que la delegación conjunta "no pretende hacer recomendaciones de cambios específicos a los contratos o tarifas".
La agenda para hoy preveía una reunión de los enviados del FMI y del BM con el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y con representantes de la Asociación de Empresas de Servicios Privatizados. Mañana lo harán con la entidad que agrupa a las empresas distribuidoras de electricidad.
Al respecto, el representante de los usuarios ante la Comisión Renegociadora de Contratos de Obras y Servicios Públicos, Ariel Caplan, dijo que por lo menos "se trata de una misión extraña".
En declaraciones radiales, Caplan reconoció que el envío de la delegación "aparece mencionada en una cláusula en la carta intención con el Fondo en la que el gobierno argentino le pide asistencia al BM Y al FMI para revisar la situación financiera de las empresa".
Para Caplan "el Estado no necesita ninguna asistencia, de hecho la tiene analizada y desmenuzada (la situación de las licenciatarias) como se puede ver en la página web de la Comisión renegociadora con un grado de detalle amplio". Opinó luego que lo que se busca es "un nuevo sistema de regulación de tarifa que facilite a las empresas la renegociación de su deuda, lo que me parece que nos orienta a que los usuarios paguen la deuda" de las concesionarias.
