Una nueva vergüenza en el Congreso Nacional
El Congreso Nacional consumó la pasada semana un nuevo capítulo de la vieja política que condena al país al retraso y regenera las condiciones de la decadencia y la corrupción. En su última sesión, el nuevo Senado -elegido por voto directo de los ciudadanos- demostró estar aún dominado por viejas prácticas ya conocidas.
La operación de salvataje a Luis Barrionuevo estuvo plagada de los más destacados síntomas de conductas repudiables. Los pasillos del Palacio Legislativo, habitualmente vedados a los ciudadanos comunes, fueron copados por las mismas patotas que quemaron urnas y cubiertas el pasado 2 de marzo, el día de los fallidos comicios de Catamarca.
Por contraste, en las afueras del Congreso, la sesión se enmarcó con la represión policial a periodistas que intentaron mostrar las prioridades de la Policía Federal para la ocasión. Las vallas impidieron el paso de manifestantes de una organización no gubernamental, a la que además se le secuestró una urna gigante con la que se intentaba expresar la adhesión a los principios elementales de la democracia.
En el recinto, y de espaldas a los ciudadanos, se consumó un acuerdo político entre las corrientes antagónicas del peronismo que lideran Eduardo Duhalde y Carlos Menem, para defender al polémico sindicalista. Sólo la amenaza del propio Luis Barrionuevo de mostrar carpetas de incierto contenido puede sugerir los motivos de tan incomprensible asociación de intereses.
En semejante oscuridad, el Senado se convirtió una vez más en el escenario liberado al protagonismo de los peores fantasmas de la política nacional. Allí se ocultan aún sobornos y negociados nunca esclarecidos, y también en ese lugar se ha resguardado la conducta de un senador nacional que se burla de una Constitución Provincial, que se permitió amenazar públicamente con el fracaso de un comicio y que extorsionó a sus pares para permanecer en su banca.
La actuación de la comisión de Asuntos Constitucionales, que revisó cuidadosamente el caso y recomendó la expulsión, no fue suficiente. Tampoco alcanzaron los 37 votos con los que la mayoría de los senadores -entre ellos los santafesinos presentes, Roxana Latorre y Horacio Usandizaga- se expresaron en favor de la sanción.
Los 28 senadores que defendieron al polémico sindicalista no tuvieron mejor argumento que el de las culpas compartidas entre Luis Barrionuevo y el gobierno del Frente Cívico y Social de Catamarca. Interpretaron así que estaba demostrado que el gobernador Oscar Castillo proscribió al peronismo, pero en cambio argumentaron que no había pruebas fehacientes que demostraran que Luis Barrionuevo fuera quien ordenó la quema de urnas.
Tales argumentos insultan la inteligencia más elemental y no resisten las evidencias. Barrionuevo insiste con violar la Constitución de Catamarca, que exige la residencia en esa provincia para ser candidato a gobernador, y sólo su amenaza pública, previa a los fallidos comicios, es mérito suficiente para encuadrar su conducta en los términos previstos por la Constitución Nacional para expulsar a un legislador.
Con la defensa de Barrionuevo, el Senado consumó una nueva vergüenza para las instituciones de la República. Y demostró que muchos de quienes deben encabezar la reforma política para beneficio de todo un país, están aún ocupados en defender sus propios intereses a expensas del bien común.
