Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, desde el Ministerio de Economía se dio la noticia de que se pretende alentar de forma paulatina a la producción.

Ayer se dispuso que los acreedores del Estado que realicen importantes inversiones dispondrán de mejores condiciones cuando tengan que cobrar sus deudas.

La resolución conjunta de los ministerios de Economía y de la Producción, que hoy sería publicada en el Boletín Oficial, establece que los acreedores del Estado tendrán un reintegro en bonos del 90% de la quita que acepten para el cobro de sus acreencias si se comprometen a invertir en proyectos productivos. Para acceder a este beneficio, el monto de la inversión deberá triplicar el total de la deuda a cobrar.

Cabe recordar que hasta el momento, los acreedores debían presentarse a una licitación y determinar qué monto de la deuda estaban dispuestos a resignar para que el Estado les devolviese su dinero.

Este sistema tiene vigencia para las deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde febrero se realizaron cuatro licitaciones, donde se fijó una quita promedio del 20% sobre el total de la deuda a cobrar. Pero a los acreedores este sistema no les resultó atractivo. "La quita es demasiado alta, y encima nos pagan en Bonos de Consolidación", se quejaban en una de las empresas afectadas por esta medida de acuerdo a lo difundido por el diario Clarín.

En el caso de que un acreedor tenga $ 200.000 para cobrar debe entrar a la licitación y proponer qué nivel de quita acepta. Si la quita fuese del 20% cobrarían en un primer momento 160.000 pesos. Pero si se compromete a invertir 600.000 pesos o más, se le reintegraría el 90% del monto de la quita. Como en este ejemplo la quita fue de 40.000 pesos, el reintegro que obtendría sería de 36.000 pesos.

Ese reintegro se hará en Bonos de Consolidación (Bocon) "y se dará en la medida en que avancen las inversiones comprometidas", de acuerdo con lo que establece la resolución.

La solicitud de reintegro deberá concretarse dentro de los 60 días posteriores a la licitación, y el proyecto de inversión deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Industria.

Para acceder a este beneficio, la inversión propuesta debe involucrar las siguientes opciones: aumentos de la productividad, ampliaciones de plantas, nuevas exportaciones, modernización de equipos o generación de nuevos puestos de trabajo.

A pesar de que desde el ámbito oficial se anuncia con mucho entusiasmo esta medida, para los acreedores este cambio no implica un gran beneficio respecto de las condiciones actuales.

Al respecto puntualizaron: "Puede ser positivo para el empresario que ya comprometió una inversión, pero nadie se va a lanzar a invertir sólo para acceder a ese reintegro", opinaban en una de las compañías que podrían resultar beneficiadas.

Antes de que el Palacio de Hacienda difundiera oficialmente esta resolución, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, había anticipado en declaraciones radiales que "la deuda está siendo consolidada por medio de licitaciones donde el Estado le paga primero a quien más quita ofrezca".

Según remarcaron en su entorno, estos anuncios de Lavagna pretenden demostrar que mantendrá "la línea de previsibilidad que asegure la gobernabilidad, sin generar sorpresas para los inversores y para el mercado".