Es por homicidio calificado y desaparición de personas. También hay una denuncia por desobediencia judicial. A esto se suman las actuaciones de la Justicia Federal.
En las últimas horas fue presentada una nueva denuncia penal contra el gobernador, Carlos Reutemann, y el intendente Marcelo Alvarez por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición de personas, producidos por las inundaciones.
La presentación abarca también al ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y al ministro de Gobierno, Carlos Carranza. En el escrito presentado ante el fiscal Ricardo Favaretto se reclama una investigación para determinar la responsabilidad de otros funcionarios de áreas responsables en materia de prevención hídrica.
Los delitos que se les imputa a los funcionarios provinciales y municipales son homicidio calificado por su función, en grado de dolo eventual; desaparición de personas, abandono de personas y violación constitucional de libre reunión.
La denuncia fue radicada por un vecino de la ciudad, de apellido Galantini, y es acompañada por una decena de damnificados.
Entre los fundamentos de la nueva denuncia se mencionan "la gravedad de lo ocasionado, producto de la negligencia, la impericia y la inobservancia de los reglamentos a su cargo".
Esta no es la primera presentación judicial referida a la catástrofe que golpeó a Santa Fe. Cabe recordar que existen denuncias similares de la titular del Sindicato de Amas de Casa, Isabel Zanutigh; de alrededor de 300 personas nucleadas en el mismo sindicato y otra presentada por gremios, ONGs y agrupaciones de derechos humanos.
Desde la Justicia Federal, el caso es investigado también por la fiscal Griselda Tessio.
Desalojo
Por otro lado, los abogados María Giorgina Stratta y Domingo Rondina hicieron una presentación judicial para evitar el desalojo de un grupo de familias evacuadas en la Escuela 2.083, de López y Planes 3629.
Se trata de vecinos del barrio Barranquitas cuyas viviendas sufrieron graves perjuicios a raíz de la inundación. Según ellos mismos, recibieron la visita de personas que se presentaron como funcionarios del Ministerio de Educación, quienes intentaron obligarlos a desalojar la escuela sin brindarles un lugar alternativo donde vivir.
"No se los puede desalojar sin poner a su disposición lugares similares o mejores a los actuales", dijo Stratta.
En un comunicado, los evacuados advirtieron: "No contamos con medios propios para procurarnos un refugio transitorio. Nuestros familiares están en su mayoría en situación similar a la nuestra. Somos trabajadores de pocos ingresos y muchos esfuerzos, y no tenemos otro remedio que vivir en la escuela hasta que nuestras viviendas, sumergidas durante más de una quincena, puedan ser habitadas con el menor riesgo posible".
Asimismo, los abogados pidieron copia al juez civil Carlos Buzzani de la medida cautelar por la que el 17 de mayo pasado prohibió a la provincia y al municipio seguir instalando gente en carpas.
A raíz de la colocación de nuevas carpas cerca del barrio La Florida, se presentó el caso ante la Fiscalía para plantear una denuncia por desobediencia judicial.
