El intendente Marcelo Alvarez volvió a modificar su gabinete cuando faltan pocos meses para que concluya su gestión al frente del Ejecutivo Municipal. Una decisión que, en lo formal, se encuadra en la necesidad de imprimir nuevos roles y funciones a su equipo en la crítica etapa que se inicia, y que incluye ni más ni menos que la reconstrucción de la ciudad. Hasta ahí la explicación oficial de una decisión que no deja de ser arriesgada y que, dentro y fuera de su entorno, mereció interpretaciones menos lineales, más ligadas a la fuerte crisis política que ya se venía gestando en el seno de su equipo y que la emergencia no hizo más que profundizar.

Además de volver a su anterior organigrama, que un año y medio atrás había sido comprimido en menos secretarías como consecuencia de la emergencia económica, Alvarez se desprendió de dos funcionarios de altísimo perfil político y asimiló esa decisión a la impronta técnica que quiere conferirle a esta última, crucial, etapa de su mandato. Y, en efecto, puso en esos lugares a personas de neto desenvolvimiento en cuestiones técnicas, con quienes deberá afrontar una etapa que ya no tolera dilaciones, como es el tan mentado y anunciado rediseño de la ciudad, de cara a la nueva geografía y economía que dejó la crisis hídrica.

Precisamente, los detalles de este plan fueron difundidos apenas en mínimas dosis, frente a la inmensa demanda de respuestas concretas que en forma periódica hacen públicas los damnificados: una estrategia que todavía se mantiene, aunque no cuenta con demasiadas explicaciones. En rigor, lo único evidente es la falta de certezas que apoyen los anuncios.

Lo cierto es que a un mes y medio de la mayor tragedia que debió soportar la ciudad, y mientras otras localidades también afectadas comienzan a normalizar su vida cotidiana y su actividad productiva, en esta capital siguen sin precisarse cuestiones fundamentales como, por ejemplo, los sitios donde serán reubicados los evacuados que ya no podrán volver a sus antiguos barrios. Hasta ahora no se definieron lugares, ni políticas de tierra, ni costos, ni financiamiento. No son cuestiones de exclusiva atención del municipio, claro está, pero sí requieren de una mayor precisión por parte de la autoridad urbana. Y en todo caso, si las dilaciones corren por cuenta del Estado provincial, es responsabilidad del municipio, como estamento más cercano a la población y por su vínculo directo con los afectados, reclamar aquello que considere necesario para poner en marcha su proyecto.

No cabe duda de que el intendente Alvarez debió soportar situaciones extremas durante su gestión: tormentas políticas a nivel nacional, una crisis económica sin precedentes y ahora la mayor catástrofe fluvial de nuestra historia. No es menos cierto que su gestión ordenó al menos los números de la hacienda municipal, cuestión que permitió cumplir en tiempo y forma con el pago de haberes, compromiso que no pudieron cumplir numerosas localidades de la provincia.

Pero es igualmente cierto que estos tres años y medio de gestión se caracterizaron por marchas y contramarchas permanentes, decisiones fuertes que luego se desvanecieron en la práctica, y numerosas contradicciones que apenas pudieron ser disimuladas. Y en esto tiene mucho que ver su complicado vínculo con el titular del gobierno provincial, con quien el intendente proclama tener una excelente relación, pero que en los hechos aparece desmentida por el tenor de los dichos del mandatario ante la prensa.

Si con estos nuevos cambios Alvarez va a lograr su cometido de oxigenar el gabinete, si va a imprimirle un mayor vigor a su administración, si va a avanzar algunos pasos en la redefinición de la ciudad, si sólo se trata de una respuesta desesperada y errática a la crisis o una modificación funcional a las necesidades políticas del momento, son cuestiones que sólo se podrán dirimir en el tiempo. Y éste no es mucho, tanto por lo exiguo del plazo que resta para terminar este mandato como por el escaso margen de tolerancia que se advierte en la población que sigue demandando respuestas.