La declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionada por la Cámara de Diputados sigue generando dudas, polémicas e incertidumbres. En principio y para confirmarse, el proyecto necesita de la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, una mayoría difícil de obtener, pero que en caso de lograrse tampoco termina de resolver los dilemas jurídicos planteados, ya que en definitiva le corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la legitimidad de la ley.

El principio reconocido por el orden jurídico local y los tratados internacionales conocidos con el nombre de "ley más benigna" parecen ser una de las dificultades jurídicas más difíciles de soslayar, por parte de los defensores de la nulidad de las leyes sancionadas durante la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín.

Pero la observación más importante que se puede hacer respecto de estas iniciativas está relacionada con la inseguridad jurídica, que surge insoslayable en el exacto momento en que desde el gobierno se enfatiza la necesidad de recuperar ese valor institucional. La contradicción, por ende, no pasa inadvertida. Al respecto, es necesario recordar que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron sancionadas por el Congreso de la Nación en el contexto institucional de un gobierno democrático.

Es cierto que ahora se habla de una supuesta coerción militar insoportable sobre el gobierno del Dr. Alfonsín, pero a decir verdad, estas afirmaciones no se corresponden con las acciones y los argumentos de entonces. En rigor, las leyes fueron presentadas como una elaboración de alta política que completaba la investigación de los crímenes del Proceso a través de la Conadep, la publicación del libro "Nunca Más" y el juzgamiento y condena de las sucesivas juntas militares. Así, el gobierno radical entendía cerrar un capítulo tenebroso de la historia nacional, mientras se creaban las bases para iniciar el camino lento de la reconciliación. Es más, las autoridades exhibieron este conjunto de medidas y decisiones como un caso único en la historia de Latinoamérica.

Por último, habría que advertir sobre el impacto político y social que provocaría el inicio de juicios a los militares comprometidos con la violación de los derechos humanos. Según cálculos estimativos, alrededor de 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas volverían a ser citados por los jueces. A ello habría que sumarle las causas que a partir de allí pudieran abrirse, con lo que la cifra inicial podría llegar a duplicarse.

Si esto ocurriera, no cuesta mucho imaginar el impacto que estos juicios provocarían en las Fuerzas Armadas. Recordemos que los levantamientos "carapintadas" intentaron justificarse por estos motivos. Es verdad que en la actualidad pareciera no haber condiciones para que se reiteren hechos parecidos en lo inmediato, pero no se pueden descartar en un mediano plazo reacciones indeseables.

Recordemos que muchos de los oficiales de alta graduación participaron en su momento como oficiales jóvenes en las actividades represivas. Tampoco hay que perder de vista que uno de cada cuatro miembros de las instituciones castrenses son hijos de militares y que nadie ignora la existencia de una consistente red de solidaridades y lealtades que se extiende desde lo ideológico a lo afectivo.

No deja de ser significativo que uno de los militares en actividad que protestó por este proceso de "revisión" haya sido el capitán Cornejo Castellanos, egresado en 1981, es decir cuando ya los operativos represivos -ilegales o no- habían concluido.

En síntesis, no se puede descartar hacia el futuro que, en caso de que se iniciara una ola de juicios contra militares en actividad o retiro, la mayoría de los oficiales se pudieran sentir agredidos y, por lo tanto, producirse una reacción corporativa con capacidad para ganar la adhesión de otros sectores sociales.

En tal supuesto la Argentina entraría en un tembladeral, se tensaría nuevamente la vida ciudadana y se perturbarían todas las variantes del desempeño nacional. El tema es serio y los responsables de impulsarlo deben pensar en todas sus implicancias.