El sistema de subsidios estatales a los desempleados fue concebido como de acceso universal -y garantizado por ley- para quienes demuestren que reúnen las condiciones establecidas para su percepción. Además previó una contraprestación laboral que las autoridades de cada jurisdicción deben disponer para cada beneficiario, aspecto que sólo se cumple excepcionalmente.

A poco de iniciado, a principios de 2002, aparecieron los problemas y hechos poco transparentes, cuando se crearon los Consejos Consultivos en cada municipio o comuna a la que llegara el plan.

Abundaron las denuncias sobre clientelismo, repartos basados en acuerdos y otras prácticas que el propio texto normativo procuraba impedir, aunque sin los resultados esperados.

Las organizaciones surgidas del reclamo social, la falta de trabajo y una activa prédica en las zonas de mayor marginalidad, en no pocos casos lograron continuar su rol de mediadores entre el Estado y los beneficiarios. Buena parte de ellas (como antes del plan Jefes) recurre a los piquetes y otras formas de protesta que la mayoría de la población rechaza.

Ahora, las novedades sobre las evidentes irregularidades no causaron casi reacciones en la clase dirigente, o por lo menos no se conocen declaraciones de dirigentes políticos de la oposición o el oficialismo que hayan abordado el tema.

Sólo respondieron a preguntas de la prensa los funcionarios responsables de su implementación, que lucen más preocupados en bajar el tono de las eventuales críticas que en proponer soluciones de fondo.

Tampoco la opinión pública, a través de entidades intermedias, encuestas u otras manifestaciones sobre cómo piensa el ciudadano común, exhibió el necesario interés para que las vergonzosas prácticas señaladas comiencen a revertirse.

Durante la semana pasada, primero se conoció una investigación académica, surgida de una universidad privada, que demuestra con datos del Indec y del propio programa de subsidios a desocupados que no menos de 340 mil beneficiarios no deberían serlo, según lo pautado por el propio plan.

En total, se crearon 2.100.000 subsidios de 150 pesos, para desempleados jefes y jefas de hogares, pero el estudio de la Universidad del CEMA calcula que un 16% de ellos no debió haber sido incluido.

Cruzando datos de distintas fuentes de información, todas de libre acceso (en especial la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos) los investigadores arribaron a conclusiones que la calle ya conoce, pero ahora se demuestran con rigor metodológico: abundan los elementos para pensar que se puede mantener una ocupación en la economía en negro y cobrar el plan al mismo tiempo.

Esa posibilidad de mantener un trabajo informal y un plan al mismo tiempo tiene que ver con la cantidad de horas dedicadas a una contraprestación o, directamente, con que ésta se realice o no.

Por otra parte, la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que funciona en la sede central de la Ansés, detectó algo igualmente grave: casi 3.500 empleados públicos cobraban como desocupados.

Otra vez, la irregularidad fue descubierta al hacerse el cruce de datos entre las planillas de empleados públicos provinciales y las de beneficiarios del mayor programa social del gobierno. El Ministerio de Trabajo dio de baja a los involucrados a medida que iba descubriendo las irregularidades.

Fueron denunciados 1.249 casos en Santiago del Estero (18 policías, 145 empleados públicos y 1.086 cónyuges de empleados públicos), 295 en Córdoba (entre empleados actuales y jubilados de la administración pública), 187 en Catamarca y 145 en Río Negro.

Se estima que durante un año, el perjuicio al Estado de estos casos equivale a aproximadamente unos 6,2 millones de pesos, un monto que deja de llegar a otras personas que seguramente se encuentran en situación de extrema pobreza y que no han podido acceder al plan cuando les correspondía. No obstante, la cifra en cuestión luce diminuta ante los 51 millones de pesos mensuales -612 millones al año- que se pagan indebidamente si primaran las leyes vigentes. Estos datos, que reflejan con crudeza el desprecio a la ley por parte del mismo Estado que la crea, explican más que muchos argumentos sin sustancia las dificultades que afronta la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional.