Un nutrido grupo de trabajadores de empresas del transporte urbano de pasajeros formalizó una presentación en la Secretaría de Trabajo, requiriendo la intervención del organismo ante supuestos actos de discriminación y desigualdad de que serían objeto, atribuidas a dirigentes de la UTA.
Además involucran en la denuncia a empresarios del sector y a la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad por "permitir todo tipo de irregularidades e ilegalidades manifiestas".
Los empleados mencionan la falta de pago de salarios, asignaciones familiares y vacaciones; no confección de recibo de sueldo incumpliendo el art. 138 y convenio colectivo; no llevar libreta de trabajo ni el libro del art. 52 LTC y demás preceptos concordantes de la ley 20.744.
Intervención del gremio
El escrito recuerda luego que en virtud de la ordenanza 10.654, el DEM fue facultado a implementar alternativas que posibiliten la continuidad del servicio del transporte, incluyendo la municipalización o formas autogestionarias, dentro del marco de la ley y no fuera de ella. Además subraya el hecho público, notorio y fehaciente que la Unión Tranviarios Automotor se hizo cargo de las líneas autogestionadas (9, 10, 10 bis y 16) donde aparecen también en la administración algunos empresarios del sector, con permisión de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.
Irregularidades
Los empleados denuncian discriminación y desigualdad en violación a normas constitucionales y convencionales (suspensiones sin goce de haberes pese a padecer enfermedades inculpables o accidentes); despido verbal de dependientes prontos a obtener el beneficio jubilatorio sin notificación alguna; reducción unilateral de salarios (violación lisa y llana de la ley 20.744 que consagra la intangibilidad de la remuneración al señalar que el trabajador enfermo o accidentado no podrá ser inferior a la que hubiere percibido de no haberse operado el impedimento); omisión de aportes previsionales y violación de la ley 24.557 (la patronal no tiene contratación con ninguna Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Asimismo denuncian que los subsidios otorgados por el gobierno nacional al transporte son percibidos directamente por la UTA. El gremio -añade- incumple también la ley 23.551 no defendiendo derechos de los trabajadores (viola artículos 2 y 3 y no observa el 7), según afirma el documento.
