Los sindicatos, que urgen la dimisión del presidente boliviano, amenazaron con propiciar un desenlace civil armado. Se extiende el conflicto social y político.
La Paz. - El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, advirtió que las Fuerzas Armadas impedirán una eventual guerra civil y ratificó que no dimitirá, cuando los sindicatos se aprestan a agravar hoy cortes de rutas y protestas callejeras en demanda de atención a asuntos sociales y políticos.
En la tercera semana de conflicto, que ha provocado seis muertos de bala y decenas de heridos, los campesinos mantienen parcialmente cortadas las rutas del altiplano y valles subtropicales a pesar del fuerte dispositivo militar y policial, mientras en las ciudades de La Paz y El Alto arrecian las manifestaciones.
Las organizaciones sindicales se oponen a que el gobierno exporte gas a mercados de ultramar en las actuales condiciones desventajosas para el país, que reportarían una utilidad de apenas un 18% a las arcas nacionales a causa de una legislación favorable a los consorcios petroleros.
"Hay mucha gente que está anunciando guerra civil. No va haber guerra civil, porque eso no quieren los bolivianos (...). Las Fuerzas Armadas, la policía, no van a permitir que haya guerra civil", advirtió el mandatario en una comparecencia televisada anoche.
"Entonces, piden mi renuncia, tienen derecho a pedir mi renuncia y yo no me ofendo, y yo no voy a renunciar", añadió.
Ceñido a su postura de que en el país existe normalidad, el mandatario sustentó que "el 99,9% de los bolivianos trabaja, no están metidos en las cosas que vemos cada día en la calle".
Más protestas
Focalizadas en las andinas de La Paz y El Alto, las protestas comenzarán a extenderse desde hoy a otras ciudades como Cochabamba (centro), donde las huestes de productores de coca de Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), principal partido de la oposición, anunciaron el corte de una vía que une el este con el oeste del país.
Campesinos desposeídos de Santa Cruz, motor del desarrollo nacional y hasta ahora ajeno al conflicto, anticiparon también cortes de ruta, al igual que en las ciudades sureñas de Oruro y Potosí, las más pobres del país.
Aunque Sánchez de Lozada insistió en solucionar los problemas sociales y políticos a través del diálogo, en la audición televisada anunció que "a la gente que está en la calle le vamos a aplicar la ley, tomarlos presos, llevarlos a las Cortes (de justicia) y si están haciendo daño van a tener que ir a la cárcel" en cumplimiento de una recientemente aprobada ley de Seguridad y del Código Penal.
La Central Obrera (COB) ratificó el recrudecimiento del conflicto, mientras el jefe aymara, Felipe Quispe, líder de un poderoso sindicato campesino andino que tiene en su poder las rutas del altiplano, rehusó abrir diálogo con el gobierno.
El Ejecutivo propuso el repliegue simultáneo de indígenas y tropas de las rutas y el inicio de reuniones en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y no en Warisata, donde choques entre aymaras y soldados cobraron la vida de 6 personas hace dos semanas, como prefiere Quispe.
Crisis de décadas
La crisis que conmueve Bolivia hace tres semanas reveló una serie de patologías nacionales producto de su pobreza secular y de las divisiones e intereses regionales en un país de mayoría indígeno-mestiza que debate a empellones su futuro.
Veintiún años después de restaurada la democracia, tras 18 años de dictadura militar, los campesinos aymaras piden la cabeza del presidente "q'ara" (blanco) Gonzalo Sánchez de Lozada con protestas que revelan problemas sociales con los que nació la república en agosto de 1825.
En Bolivia las minorías rectoras, es decir blancos descendientes de españoles, han ostentado siempre el poder y la riqueza y subvertido a las mayorías de indios y mestizos. En 178 años de vida independiente sólo gobernó un aymara, el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97).
Los indios, pese a constituir siempre la mayoría nacional, no fueron considerados ciudadanos ni siquiera cuando una revolución nacionalista les otorgó en 1952 derechos plenos y tierra, pero no los incluyó en la producción y tampoco en los planes de la distribución del excedente.
El descontento de los autóctonos ocurre cuando 33% de los 8,3 millones de habitantes -o, lo que es lo mismo, poco menos del 90% del campesinado- vive "como se vivía en el siglo XIII". A falta de servicios sanitarios, "cocina sus alimentos con estiércol de animal y cura sus enfermedades con orines", según el analista Alvaro García. (AFP)
