La defensa de los presuntos represores solicitará además la nulidad de lo actuado por el juez Torres. Cuestionan la posición de querellantes de los organismos de derechos humanos.
La defensa de presuntos represores detenidos por los crímenes cometidos durante la última dictadura bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército planteará la nulidad de la causa y pedirá la libertad de los militares presos, al tiempo que ya manifestó su oposición a que organismos de derechos humanos se constituyan en querellantes.
La información fue suministrada a DyN por fuentes vinculadas a la investigación que recordaron que la defensora oficial Silvia Otero Rella reclamó la nulidad de todo lo actuado por el juez federal Sergio Torres respecto de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato represivo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Otero Rella, que patrocina a los acusados tanto en el proceso atinente a la ESMA como en la investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército, impugnó también el rol de querellantes asumido por organizaciones de derechos humanos.
La semana pasada la defensora oficial planteó "la nulidad absoluta" del proceso que conduce Torres y fuentes vinculadas a las investigaciones dijeron que Otero Rella interpondrá idéntico recurso ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que instruye la causa sobre el Primer Cuerpo de Ejército.
Los dos juicios por la represión ilegal fueron reactivados en setiembre pasado por orden de la Cámara Federal porteña, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso.
"La libertad individual de las personas cauteladas pasivamente en esta causa se encuentra sin sustento legal", escribió la defensora, que reclamó la "inmediata libertad" de los militares detenidos por orden del juez Torres, entre los cuales figura el ex capitán naval Alfredo Astiz.
En los próximos días, Otero Rella solicitará también la libertad de quienes fueron detenidos por orden de Canicoba Corral.
Reclamo
La defensora, junto a su colega Eduardo Fox, pidió además al juez Torres que aparte a los organismos de derechos humanos en su rol de querellantes en la causa ESMA.
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Comité de Acción Jurídica se han presentado ante el juez para constituirse en querellantes, pero la defensa sostiene que los organismos "no reúnen la condición del directo damnificado".
Los representantes de asociaciones de derechos humanos "no poseen legitimación para estar en juicio", escribieron los defensores oficiales.
Tanto el expediente por los crímenes del Primer Cuerpo como la causa por la represión ilegal desplegada desde la ESMA fueron reactivadas como consecuencia de la anulación de las leyes que paralizaron los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura (1976-83).
Las investigaciones fueron clausuradas a partir de la sanción de la ley de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y cuando los crímenes de la ESMA y el Primer Cuerpo se encaminaban hacia el dictado de un veredicto.
Por eso, Otero Rella sostuvo en el marco del proceso sobre la ESMA que es la Cámara de Casación y no un juez de primera instancia quien debe continuar con el trámite de la causa. Y prepara un nuevo escrito para formular ese planteo respecto del sumario vinculado al Primer Cuerpo de Ejército.
La defensora invocó pactos internacionales de Derechos Humanos para reclamar la libertad de los acusados, cuyas "garantías básicas" fueron vulneradas, a entender de Otero Rella.
Según las fuentes, la defensora pedirá la libertad de los brigadieres de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani y César Comes y para los ex coroneles Héctor Gamen y Héctor Barda, que cumplen prisión domiciliaria, del ex comandante del centro clandestino de detención El Vesubio, Pedro Durán Sáenz (alojado en el Regimiento de Infantería de Patricios), el ex policía Juan Colores Del Cerro -preso en el penal de Villa Devoto- y de cuatro ex oficiales de la policía pampeana que están presos en Campo de Mayo.
