¿Sirven los planes sociales tal como están concebidos? La pregunta comenzó a tener cierta entidad en los ambientes eclesiásticos, donde hay consenso en que no contribuyen a fomentar la cultura del trabajo y, por el contrario, favorecen otra muy distinta: la de la dádiva.

Los referentes episcopales consultados admiten, sin embargo, que existen opiniones contrapuestas en cuanto a la eficacia del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Más allá del valor intrínseco que le adjudican por haber contenido los estallidos sociales y sus "inimaginables consecuencias" -según advirtieron oportunamente- en las postrimerías de 2001, algunos obispos hoy dudan de su operatividad y hasta reclaman una revisión profunda de sus objetivos.

El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Carmelo Giaquinta (Resistencia), es quien -en lo personal- menos simpatía les tiene e incluso retiró en junio pasado a los delegados de Cáritas que participaban de los consejos consultivos en la provincia del Chaco.

Tomó esa decisión -explicó entonces- por la falta de transparencia y por el hecho de que se habían convertido en un "ring" donde referentes sindicales, partidarios o piqueteros se peleaban por el cupo de planes que les correspondería a cada uno.

Más los daños colaterales denunciados oportunamente: comisiones ilegales, prestaciones sexuales o exigencias a concurrir a cortes de ruta, cuando en realidad debería tratarse de un paliativo frente a la crisis estructural.

Pero el análisis del prelado chaqueño va más allá, al cuestionar la concepción misma de estos organismos de contralor: "El Estado tiene sus mecanismos naturales, ¿por qué deben hacerlo las ONGs o Cáritas?".

La contracara la esgrime -a nivel institucional- el propio organismo caritativo que preside monseñor Jorge Casaretto (San Isidro), que todavía insiste en apuntalar los consejos consultivos como una instancia de participación y traducir la ayuda en una salida más digna para los millones de argentinos excluidos del sistema.

Aunque con el condimento de transformar -se pregona hasta el hartazgo- esos programas en proyectos concretos de desarrollo humano que dignifiquen a las familias destinatarias.

No sin oponer batalla a quienes, en distintos frentes, pretenden sacarle rédito político-partidario a la pobreza, corrompen la cadena de ayuda o la hacen caer en una telaraña burocrática de la cual es difícil de escapar.

La Iglesia no desprecia, por lo pronto, la tarea asistencial emprendida por la ministra Alicia Kirchner, sino que aspira -explican sus miembros- a complementarla y optimizarla.

Tal el compromiso de encarar lo social de manera mancomunada y sin "ningún tipo de burocracia", asumido en agosto pasado por la cúpula del Episcopado, que encabeza monseñor Eduardo Mirás (Rosario), con el presidente Néstor Kirchner.

Preocupación que también quedó plasmada en los recientes desafíos pastorales, donde el Episcopado reafirma como prioridad la opción preferencial por los pobres, ante los peligros que acarrea el progresivo crecimiento de la desocupación.

Situación que de no revertirse, profundizará -advierten los obispos en el documento "Navega mar adentro"- sus consecuencias "trágicas": el colapso en los sistemas de seguridad, salud, educación y previsión social.

Con este objetivo, la entidad caritativa ya le acercó al gobierno nacional una iniciativa para establecer una "nueva política social", en la que el eje sean las familias indigentes y no los desocupados.

Bajo el argumento de que estos últimos constituyen una población "muy genérica y de difícil constatación por el mercado laboral informal". Calculan que un 35 por ciento de los beneficiarios del programa están empleados.

En el hipotético caso de que el monto de la ayuda, que hoy oscila entre los 150 y los 200 pesos, pueda incrementarse, Cáritas aconseja que se pondere la cantidad de hijos que tiene cada hogar, para establecer una suerte de asignación familiar sui generis.

Además de reclamar que los fondos vayan a parar a aquellas jurisdicciones "descompensadas", la propuesta propicia el cumplimiento de la contraprestación laboral, para no desincentivar la cultura del trabajo, la escolaridad de los hijos pertenecientes al grupo familiar y la prevención sanitaria de los menores. (DyN).