La discusión sobre la coparticipación federal de impuestos, que deberá ser reformulada antes de que termine 2004 según el acuerdo firmado semanas atrás con el FMI, comenzará recién en diciembre, cuando termine el proceso de renovación de autoridades provinciales.

Según algunos trascendidos, el Gobierno quiere que las provincias cobren el impuesto a la riqueza, con el objetivo de incorporar más contribuyentes al tributo a los bienes personales, que alcanza a todas las personas con un patrimonio superior a los 102.300 pesos y que hoy cobra el Estado nacional.

La razón para que las provincias cobren este impuesto es porque cuentan con un padrón más detallado de las propiedades y los autos en cada distrito y pueden acceder a datos fuera del alcance de la AFIP.

Luego de que los agregados fiscales de las provincias repuntaran fuertemente en 2002 al ritmo de la inflación y la incipiente reactivación del consumo, cada gobernador especula con mejorar su posición relativa frente a los demás, y ya varios hicieron circular proyectos para cuando se discuta la nueva ley en el Congreso.

"La puja en serio va a empezar en diciembre, después de la última elección, en Entre Ríos", explicó a Télam una fuente cercana al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que llevará adelante la negociación política junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

La señal formal de largada la dio la semana pasada el presidente Néstor Kirchner, al designar a la comisión técnica encargada de elaborar el proyecto oficial, que integran el ex secretario de Hacienda duhaldista, Jorge Sarghini, el ex secretario de Provincias de Domingo Cavallo, Juan Carlos Pezoa, y el actual secretario de Energía, Daniel Cameron.

Los técnicos deberán hacer equilibrio entre las provincias grandes (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza), las chicas que menos recursos reciben (del Noroeste y el Litoral), las más favorecidas en términos de transferencias por habitante (Santa Cruz y Tierra del Fuego), y las restantes, que cubren mejor sus necesidades fiscales.

Detrás está el viejo debate entre el criterio devolutivo, que recomienda enviar más fondos a quienes más contribuyen con el producto nacional, y el distributivo, que prioriza la asistencia a las economías más postergadas.

"No sé si Buenos Aires va a avanzar todo lo que pretende", señaló la fuente de Interior, en alusión a la idea de Felipe Solá de recuperar los fondos específicos para el conurbano bonaerense, que engrosarían fuertemente las remesas nacionales a La Plata.

Hace diez días, antes de reunirse con Kirchner en la Casa Rosada, el gobernador jujeño Eduardo Fellner adelantó que los mandatarios justicialistas pedirán una mayor descentralización en el cobro de impuestos y una simplificación del esquema, que se lograría reduciendo "a dos o tres" las tasas coparticipables.

También habló de premiar a los distritos que mejor recauden sus propios impuestos y castigar a los que no hagan más eficiente su recaudación, uno de los ítems sobre los que hizo hincapié el Fondo cuando firmó el compromiso de superávit primario del 3 por ciento del PBI, que se reparte en 2,4 puntos de la Nación y 0,6 de las provincias.

A fuerza de mantener congelados o con subas marginales los salarios nominales de sus empleados públicos, las provincias parecen encaminadas a cerrar esa brecha fiscal: según datos del Centro de Estudios Bonaerense (CEB), los ingresos totales del consolidado provincial crecieron en 2002 un 8 por ciento contra 2001, y los gastos se comprimieron un 7 por ciento.

Así, los gobiernos locales redujeron su déficit total en un 74 por ciento en el año, luego de haberlo visto incrementarse un 98 por ciento entre 2000 y 2001.