Los cambios en tres artículos y la supresión de otros dos de la ley 8.067 que dispuso la creación del Instituto Becario en la órbita del Ministerio de Educación generó, en Diputados, un fuerte cruce de opiniones entre la bancada justicialista y los bloques de la oposición que entendieron que se le ceden mayores prerrogativas al Poder Ejecutivo en la materia y se pierde la afectación específica de los fondos que caen en Rentas Generales.

Livio Strada y José Ariel Ugalde se encargaron de defender el proyecto emanado de un mensaje del Poder Ejecutivo que firmaron el gobernador Carlos Reutemann y el entonces ministro de Educación, Daniel Germano. La reforma al primer artículo se encarga de actualizar y precisar el ámbito de beneficiarios. Serán alumnos del tercer ciclo de la enseñanza general básica y del polimodal, excluyendo las becas a estudiantes de la enseñanza superior y universitaria. También se incluyen expresamente a chicos de establecimientos públicos de gestión privada. Por otro artículo, se incorpora a la estructura de funcionamiento del Instituto al responsable del área de Coordinación Técnica y Administrativa aunque el subsecretario de Educación será el máximo responsable.

También el Ejecutivo propicia modificar la forma de obtención de fondos que demande el Programa Anual de Becas de la provincia. Son tres las fuentes de ingreso: el 2,5% de los honorarios percibidos por intermedio de consejos, colegios o asociaciones profesionales, personas públicas o privadas, que tengan por objeto centralizar honorarios, quienes actuarán como agentes de retención del gravamen; la partida anual que fije la ley de presupuesto, la que se tomará de Rentas Generales y "no será menor al monto recaudado en el año precedente" por los honorarios y, por último, donaciones, legados, subsidios, subvenciones y suscripciones de particulares.

El proyecto votado además deroga dos artículos de la ley vigente, especialmente el quinto al que el mensaje considera "desactualizado operativamente". El Ejecutivo señala que los fondos no son acreditados al Instituto Becario, sino transferidos de Tesorería General de la Provincia a la Tesorería jurisdiccional y, a través de ésta, a las habilitaciones regionales que funcionan como agentes pagadores.

El mensaje reza en sus considerandos que la nueva estructura "responde a los actuales criterios de técnica legislativa, facultando al Poder Ejecutivo a normar sobre aspectos operativos y reglamentarios". Además le adelanta a las Cámaras que en la posterior reglamentación de la ley se introducirá como criterio para la selección de los aspirantes "los parámetros que resulten compatibles para armonizar con el objetivo central de lograr la educación oportuna, con equidad y compensación de la vulnerabilidad socio económica del grupo familiar".

Carlos Favario (PDP) cuestionó que el Poder Legislativo apoye una norma centralista en un tema en el que debería imperar un criterio descentralizador y entendió que suprimir a los alumnos de enseñanza superior y universitaria le da un carácter restrictivo. "Todo apunta a darle más poderes el Ejecutivo, sin convocar a los actores educativos" señaló para reclamar "otro espíritu para el reparto de becas". El socialista Alfredo Cecchi hizo hincapié no sólo en el centralismo de la decisiones sino además en el reparto de esos fondos y aseguró que el departamento General López está sumamente relegado.

A su turno, Ugalde consideró "simple" confeccionar el reglamento para distribuir becas y afirmó que el sentido central es garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema. Por otra parte, aclaró que las universidades, que gozan de autarquía y autonomía, pueden crear su propio sistema de becas.