El procurador general del Tesoro, Horacio Rosatti, afirmó que la decisión del presidente Néstor Kirchner de crear por decreto la Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral (Unadar) es una fuerte señal interna y externa de que el Estado va a defenderse, de que "la defensa del Estado no se privatiza como alguna vez se lo pretendió hacer".

A pocas horas de conocerse la decisión presidencial, Rosatti dice haber recibido el inmediato apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) y de prestigios profesionales que se ofrecieron para colaborar en la estrategia diseñada por el gobierno para hacer frente a las demandas planteadas en tribunales internacionales por empresas privadas que prestan servicios públicos en la Argentina.

Como ya informara El Litoral, el procurador del Tesoro es el presidente de esta Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral que integran además las áreas de Economía, la Cancillería y la cartera de Infraestructura y Planificación. La decisión pretende atemperar los embates de las empresas que reclaman, en tribunales extranjeros, la actualización de sus tarifas por considerar que se vieron perjudicadas por la pesificación de la economía. La batalla será en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi) donde están radicadas la mayor parte de las acciones judiciales de las compañías con objeto de que las causas sean resueltas en la Justicia argentina y no en el exterior.

"Es la estrategia de defensa del Estado frente a los arbitrajes internacionales por los reclamos planteados por esas empresas privatizadas debido a la crisis del 2001", resume Rosatti en diálogo con El Litoral. Hoy son 23 los reclamos con comienzo de ejecución y otros 38 están en puerta y no se descarta que muchos de ellos cesen durante la renegociación de los contratos que está en marcha tras la ley votada por los parlamentarios.

Rosatti asegura que habrá "una defensa coordinada y firme" y, por prudencia, no se explaya con la estrategia a adoptar. Sí entiende que en los años 90, la Argentina ha cedido demasiado en sus contratos. "Me parece que en los tratados bilaterales de inversión se ha cedido de una manera muy generosa la soberanía argentina. Tenemos que hacer que esto pase por la jurisdicción nacional" y remite al artículo 27 de nuestra Constitución. Éste dice textualmente: "El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución".

Las empresas reclaman fundamentalmente por la pesificación de sus tarifas y por la no mantención de las condiciones del contrato en la implosión del 2001.

"Muchos de esos reclamos son desmesurados y datan de los primeros meses del 2002 donde se decía que el dólar iba a estar a otros valores. Han planteado la expropiación de la inversión, pero han seguido operando, cobrando la tarifa. Muchas de las pretensiones por la fuerza de los acontecimientos han quedado sobredimensionadas", remarca y reitera que el Estado entiende que nada tiene que pagar. "Es política de Estado la decisión de defenderse y el presidente al firmar el decreto ha dejado en claro que esto no se privatiza" añade.

El procurador del Tesoro separa los reclamos de las empresas de los que realizan los tenedores de bonos en default. Aclara que en esta cuestión el Estado tiene contratados estudios jurídicos norteamericanos para su defensa y dice no haber sido notificado del embargo de acreedores italianos a un préstamo concedido por su gobierno al argentino.

"Los acreedores tienen un crédito ejecutivo en sus manos, los reclamos de las empresas son un tema más controversial. Tengo expectativas en la defensa que estamos encarando y que una vez definida la haremos pública. Será política de Estado y las empresas deben saber que, judicialmente, será un tema muy complicado para resolver", advierte.
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