Sin duda es una muy buena noticia que el joven Pablo Belluscio haya aparecido con vida y que la policía esté realizando eficaces operativos para dar con los culpables, pero hay que convenir que para que todo esto ocurriera fue necesaria una impresionante movilización popular que incluyó a vecinos, familiares, medios de comunicación e, incluso, una nueva crisis política en el interior del oficialismo.

El dramático llamado a la solidaridad de los padres de Belluscio y la crueldad de los secuestradores, que no vacilaron en seccionar dos falanges de uno de los dedos de la víctima para reclamar la suma exigida, sensibilizó a la opinión pública de una manera particular. A ello habría que sumarle la ola de secuestros que asoló a la provincia de Buenos Aires y a Capital Federal en el último mes, ola que para los más suspicaces tiene componentes adicionales a los meramente delictuales.

Suspicacias al margen, lo cierto es que en las actuales condiciones sociales los temas de seguridad o, para ser más precisos, la sensación de inseguridad que domina a amplias capas de la población, adquieren inmediatamente connotación política y exige por parte de funcionarios y dirigentes respuestas eficaces y ágiles.

No debería llamar la atención la inmediata politización de los casos policiales, en tanto que una de las exigencias básicas de cualquier sistema político es el orden público y la seguridad de los gobernados, al punto que si esto no existiera todas las instituciones que configuran el Estado perderían su razón de ser.

Como se recordará, fue el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien responsabilizó a algunos policías y a ciertas mafias políticas de que estaban operando con evidente impunidad en la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones del joven ministro impactaron en el gobierno de Felipe Solá, dieron lugar a declaraciones y desmentidas por parte de funcionarios afines al duhaldismo y obligaron a que en cierto momento Duhalde y Kirchner se reunieran para serenar los ánimos.

Para los observadores atentos, lo que más llama la atención es la coincidencia entre esta crisis y la aparición con vida de Belluscio. La casualidad existe, y a nadie debería llamarle la atención que mientras los políticos se reúnen, el caso que se está investigando comience a esclarecerse; pero tratándose de la temible "Bonaerense" y atendiendo a los niveles de supuestas complicidades que funcionan en esa provincia, hay motivos para pensar que hubo "causalidad" en el desenlace del caso Belluscio, como en cierta manera lo dan a entender los principales analistas.

Suponiendo, incluso, que la crisis política y el enigma policial hayan circulado por caminos paralelos, el hecho mismo de que se llegue a pensar o a sospechar de una probable complicidad entre políticos, policías y delincuentes da cuenta de los niveles de desgaste y desprestigio de ciertas instituciones y de los hombres que las representan.

Asimismo, quienes sostienen que Belluscio recuperó la libertad porque la presión política fue muy intensa, si fueran coherentes con su razonamiento deberían aceptar que alguna conexión política hay, porque si sólo se tratara de delincuentes comunes las presiones políticas como tales no habrían tenido demasiada influencia sobre ellos.

Más allá de las especulaciones y de las conclusiones a que se pueda arribar, queda claro que el sentimiento de inseguridad en la sociedad es muy alto y que esto es, en definitiva, a lo que se debe dar respuesta. Ninguna gobernabilidad es posible sobre la base del miedo de la ciudadanía.

Las declaraciones del presidente de la Nación luego de la aparición de Belluscio fueron tan duras como las de Beliz. La pregunta que corresponde hacerse al respecto es si el tema se va a resolver con declaraciones altisonantes, o si lo que importa es proceder a realizar las reformas necesarias para devolver progresivamente el sentimiento de seguridad perdido.