El juez de Instrucción Julio César Costa ordenó al director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Armando De Martín, que tome las medidas necesarias para que se respeten los derechos de recibir adecuada atención médica a todos los internos de la cárcel de Coronda, luego de comprobar que existen heridos por el último motín que no fueron atendidos como corresponde.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al recurso de hábeas corpus interpuesto por la Coordinadora de Trabajo Carcelario, quien denunció que la vida de algunos de los presos heridos corre peligro por la falta de tratamiento médico adecuado.

Si bien la Coordinadora presentó cinco casos concretos de presos -con nombres y apellidos-, el juez decidió extender la medida a todos los internos del penal, "en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el artículo 19 de la Constitución Provincial".

Por ese motivo, Costa dispuso "el cese inmediato del agravamiento ilegítimo de las condiciones en que se encuentran cumpliendo su detención, debiendo proveer -el Servicio Penitenciario- a los mismos de atención médica especializada en los casos que la dolencia lo exija". En este sentido, plantea que los internos sean trasladados a hospitales si resultare necesario.

Anoche, poco antes de las 21, Armando De Martín fue directamente notificado de esta decisión judicial, por ser el máximo responsable dentro del Servicio Penitenciario de la provincia.

Pata adoptar esta postura, el juez se basó en la declaración del médico legista Florencio Castoldi, asesor de la Coordinadora, quien describió casos particulares como el de un interno de 19 años que presenta "el vaciamiento del globo ocular derecho por perforación de proyectil de goma". Este joven fue atendido en el Cullen poco después de sufrir la herida. Se le informó que perdería la visión, pero "nunca se lo llevó a un nuevo control". El profesional explicó que si el caso no es seguido de cerca, este preso podría perder la visión en ambos ojos.

En otro caso, un preso tendría todavía alojados debajo de su piel los proyectiles de goma recibidos durante el motín, lo que le está produciendo dolor, inflamación e infección "que podría provocar la muerte".

El médico describió además el caso de un interno de 32 años que recibió un proyectil que lesionó uno de sus pulmones: "El interno permaneció en su celda con expectoración sanguinolenta en forma abundante y sin atención médica". Luego fue atendido en el Cullen, pero en estos momentos "manifiesta dificultad respiratoria".

Pero además, el juez Costa ordenó que los cinco presos cuyos nombres aparecían en el pedido de hábeas corpus fueran trasladados hasta el juzgado, donde él mismo los escuchó y fueron revisados por el médico forense de Tribunales.

Este profesional pudo corroborar la veracidad de las denuncias de la Coordinadora. En la resolución, Costa afirma que esta situación "puede generar un ambiente hostil" dentro de la cárcel.

Pero en forma paralela, el juez avanza en su investigación tendiente a determinar qué presos fueron los principales responsables del violento motín producido entre el 15 y 16 de marzo pasado. Hasta el momento trascendió que existen alrededor de 25 internos imputados por el presunto delito de daños calificados, y habrá que esperar para saber si Costa procesa a algunos presos responsables del ataque que sufrió un guardiacárcel del instituto.