El gobierno declaró ayer la finalización del contrato de concesión del control del espectro radioeléctrico -por medio del cual se realizan comunicaciones de radio y telefonía celular- que estaba en manos de la empresa francesa Thales Spectrum desde 1997. A la vez, anunció que ese servicio no será reprivatizado a raíz de la "importancia estratégica" que tiene y debido a que se trata de una "tarea indelegable" del Estado.

El presidente Néstor Kirchner tomó esta decisión al acusar a la mencionada empresa de no cumplir con "el 70 % de sus obligaciones contractuales y generar un perjuicio económico para el Estado argentino de más de $ 300 millones".

Esta medida se efectivizó por medio de la resolución 242 de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que asumió desde ayer las funciones de facturación y recaudación a los usuarios del servicio y las operaciones de control del espacio radioeléctrico.

La determinación del gobierno se basó en informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y en evaluaciones técnicas de la CNC.

Según destacaron, Thales "dejó de invertir 302 millones de pesos entre 1997 y 2003, no mejoró su sistema informático en los tiempos previstos (debía desarrollar un software específico) y obtuvo enormes ganancias por un sistema de recaudación establecido en el contrato. Esto generó un perjuicio fiscal al Estado, cuya gravedad y responsabilidades se están comprobando en la Justicia".

Entre las irregularidades observadas por la AGN se destacó que, de la auditoría realizada en la CNC, se desprende que ni el organismo de control, ni la comisión especial creada para el seguimiento del contrato, ni la propia empresa cumplieron con lo estipulado.

Como consecuencia, "el beneficio neto social a favor del Estado nacional y del público en general fue significativamente menor que el previsto mientras que la empresa logró ganancias por sobre lo normal".

Paralelamente, las ganancias de TSA aumentaron al mismo ritmo de sus incumplimientos: "La tasa de rentabilidad promedio anual fue del 113% entre 1997 y 2001, y la tasa interna de retorno anual sobre el capital invertido (después del impuesto a las ganancias) se ubicó en el 145% en ese lapso".

Además, la débil estructura de control interno diseñada por la CNC derivó en un vacío de normas y prácticas; por otro lado, no se mejoraron los controles con la creación de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Concesión del Servicio de Comprobación Técnica de Emisiones del Espectro Radioeléctrico (Comsegui).

Las irregularidades sobre el desempeño de la Comsegui no es un dato menor, básicamente, si se tiene en cuenta que quien fuera funcionario de esta comisión entre el 24 de octubre de 1997 y 15 de septiembre de 1998 sucesivamente se convirtió en gerente de Ingeniería y de Control de la CNC y, con anterioridad, en miembro de la Comisión de Adjudicación del Contrato. Además, en julio de 2000 fue incorporado por la firma TSA como gerente técnico y operativo.

Hasta 2000, la Comsegui no presentó los informes anuales en donde se debían analizar y valorar la prestación de las tareas y el cumplimiento contractual de TSA.

A la vez, entre julio de 1997 y diciembre de 2001, esta comisión utilizó sólo un 7,78% de los días laborables para realizar las actividades de control. Se estima que, en promedio, durante ese período, existieron cuatro personas afectadas directamente a esa área, de las cuales sólo una trabajaba a tiempo completo.

Frente a esta situación, no se lograron minimizar las interferencias radioeléctricas intra e interregionales (especialmente, en las zonas aeroportuarias) ni la presencia (en el éter) de estaciones radioeléctricas no autorizadas; mejorar la eficiencia, eficacia, integración y transparencia de los sistemas de comprobación técnica y de gestión; y maximizar la satisfacción de los usuarios y de los operadores radioeléctricos.

Por todas estas razones, se propone que se estudien "las responsabilidades que se pueden atribuir a los funcionarios partícipes de los niveles de decisión y la forma de resarcir al Estado nacional de los daños y perjuicios ocasionados".

La CNC informó hoy a los usuarios del espacio radioeléctrico que a partir de la fecha deberán depositar los pagos por la utilización del espectro en las sucursales del Banco de la Nación Argentina y no en las entidades en las que lo hacían hasta ahora.

Además informó que antes de cancelar las facturas deberán comunicarse con la CNC, a los teléfonos (011) 4347-9767/9219/9848, o bien a la dirección de correo electrónico [email protected] psara pedir una nueva facturación.

La Justicia Federal investiga si, durante el Gobierno del ex presidente, Carlos Menem (1989-99), Thales Spectrum Argentina (TSA) transfirió U$S 25 millones a cuentas de funcionarios públicos abiertas en paraísos fiscales.

Según fuentes judiciales, el tribunal federal 7 del fuero criminal tiene abierto un expediente desde 2001 por presuntos ilícitos en el proceso de privatización del espacio radioeléctrico.

En el marco de esta investigación que actualmente está a cargo del juez federal Jorge Urso comenzó a investigarse si TSA -filial de la compañía francesa Thales- subcontrató a la empresa suiza Finego para encubrir presuntos pagos ilegales a funcionarios de la época menemista.

A la vez, el Gobierno de Kirchner, por medio de la Oficina Anticorrupción, se constituyó en querellante de la causa, que amplió su objeto procesal a raíz de una denuncia periodística de la revista francesa Le Point. Esta publicación develó el supuesto desvío de dinero a cuentas de funcionarios argentinos en paraísos fiscales.

Urso todavía no ordenó ninguna declaración indagatoria aunque sí dispuso la práctica de pericias contables y medidas de prueba orientadas a conocer el movimiento de fondos de Thales. (DyN/Télam).