Los argumentos esgrimidos por el ex presidente Carlos Menem para no presentarse ante la Justicia argentina son tan inconsistentes como arbitrarios. Decir, por ejemplo, que la Justicia de nuestro país no le brinda garantías, es una falta de respeto a las instituciones argentinas y a la inteligencia de todos sus habitantes, más si se tiene en cuenta que quien pronuncia esa frase ha sido presidente durante diez años y uno de los responsables de la escandalosa manipulación de los máximos tribunales judiciales.

Presentarse como un perseguido político es una falsedad que no se sostiene desde ningún punto de vista, y cuyo único objetivo práctico es pretender desprestigiar a nuestro país. En la Argentina, sabemos que hay muchos problemas políticos, económicos y sociales, pero las libertades públicas y el pluralismo han sido algunos de los principios que se han mantenido a pesar de las crisis, los fracasos de los gobiernos y el desencanto político.

Un principio elemental de toda república democrática es que los funcionarios deben rendir cuenta de sus actos ante la Justicia. La igualdad ante la ley está en juego en estos casos. La obligación les compete como ciudadanos, pero también como políticos que se han desempeñado en los máximos cargos de responsabilidad nacional. En su condición de ex presidente, Carlos Menem debería dar el ejemplo sometiéndose a los requerimientos de la Justicia y no defenderse con los argumentos y las patrañas de los delincuentes comunes.

Se sabe que la gestión presidencial de la llamada década del noventa fue muy controvertida. Los logros iniciales en materia económica estuvieron acompañados de una serie de irregularidades que se fue conociendo con más precisión con el paso de los años. La corrupción política de ese tiempo adquirió estado público y el oficialismo de entonces no hizo nada para desmentir sospechas y presunciones. Por el contrario, ante la opinión pública fue creciendo la sensación de que desde el poder se desmantelaban todos los organismos legales de control.

El propio Carlos Menem se caracterizó por llevar una vida privada ostentosa y reñida con los más elementales principios de austeridad republicana. En más de un caso, las exhibiciones innecesarias adquirieron estado público dañando la institución presidencial y la credibilidad en los gobernantes. La denominada "cultura menemista" fue la expresión de una conducta reñida con la ética republicana.

La manipulación de la Corte Suprema de Justicia, en donde se instaló la tristemente célebre mayoría automática, fue una iniciativa tendiente a asegurar la impunidad. La misma orientación estuvo presente con todos los organismos institucionales de control.

Con todo, no es la primera vez que el ex presidente mantiene un conflicto con la Justicia. Como se recordará, en su momento estuvo detenido seis meses por un tema que probablemente ahora vuelva a ser investigado. Nos referimos al contrabando de armas y la polémica decisión de la Corte Suprema de autorizar su libertad.

En la actualidad, además de la citación por las presuntas irregularidades en el pago relacionado con la construcción de dos presidios, Menem podría ser convocado por el juez Norberto Oyarbide para que explique sobre las posibles cuentas secretas en Suiza. Otra citación podría estar vinculada con la compra de unos terrenos.

Lo importante en todos los casos es que las instituciones encargadas de administrar Justicia funcionaron de acuerdo con la ley y respetando escrupulosamente los procedimientos y las garantías establecidas. Considerando, precisamente, estos antecedentes es que la argumentación de Carlos Menem respecto de que en la Argentina carece de garantías, es absolutamente descabellada.

Atendiendo estos planteos, sería importante que el ex presidente reflexione sobre las decisiones recientemente tomadas y actúe como corresponde a su investidura política y su responsabilidad ciudadana. Creemos innecesario recordar, una vez más, que más allá de dificultades y conflictos, en la Argentina las instituciones funcionan y las garantías se respetan.