El presidente, Néstor Kirchner, anunció ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada el lanzamiento de una empresa estatal de Energía Argentina SA (Enarsa), en el marco del llamado Plan Nacional de Energía.

Durante este acto también se anunciaron importantes aumentos de las retenciones a las exportaciones de petróleo y combustibles, como una forma de desalentar las ventas al exterior y garantizar el abastecimiento del mercado interno. La suba de retenciones incluye a las exportaciones para naftas, de 0 a 5 %, del gas licuado de petróleo de 5 a 20 % y del petróleo crudo de 20 a 25 %.

En esta oportunidad, Kirchner acusó duramente a las empresas petroleras y energéticas por no haber invertido, y dijo que son las responsables de la crisis (por primera vez la llamó así) energética. "Hay que dejarse de especular e invertir", afirmó el presidente.

Asimismo, Kirchner presionó a las empresas para que bajen el precio del gas en garrafa, un producto que es de primera necesidad para los sectores más necesitados, y es uno de los que más aumentó desde la devaluación.

El Plan Energético incluye inversiones públicas y privadas para intentar en el corto y mediano plazo acotar los efectos negativos del faltante de gas y electricidad en la economía y su impacto en los hogares argentinos. Para concretarlo, el gobierno invertirá $ 11.149 millones en los próximos 5 años.

Ante esto, el secretario de Energía, Daniel Cameron, reconoció que recién el 31 de diciembre de 2006 estará completamente normalizado el mercado del gas.

Entre los objetivos principales anunciados ayer por el ministro de Planificación, Julio De Vido, Enarsa apuntará a la recomposición del nivel de reservas petrolíferas y gasíferas, la recomposición del nivel de producción de ambos fluidos y el aumento de la capacidad de transporte y abastecimiento de gas. En cuanto a los componentes del Plan de Energía, el gobierno anunció ayer un abanico de proyectos, muchos en marcha, que intentan cubrir la explosión de la demanda de gas, pero incluyen aumentos tarifarios que dependerán del nivel de consumo.

Enarsa tendrá un paquete que dejará el 51 % de las acciones A no transferibles en manos del Estado nacional, el 12 % de las acciones B en manos de las provincias (productoras y no productoras de petróleo) y el 37 % de las acciones B en manos del sector privado, al que se intentará tentar por medio de la salida a Bolsa de Enarsa. La compañía, de acuerdo con lo anunciado por el ministro Julio De Vido, tendrá 7 directores (cinco del Estado nacional y 2 de las provincias), lo cual deja dudas sobre qué espacios ocuparán los privados.

El gobierno viene sosteniendo que no tiene elementos que le permitan monitorear a las compañías privadas y en consecuencia saber si sus reclamos de aumentos tarifarios están basados en supuestos reales o falsos. Con Enarsa, Kirchner cree que las empresas privadas sentirán mayor presión competitiva.

Para De Vido, Enarsa no sólo será una empresa que permita aumentar el control de las empresas privadas, sino que también dará la posibilidad "de participar activamente en el mercado de energía e hidrocarburos". Esto pone de manifiesto que el presidente quiere transformar a Enarsa en el caballo de Troya de su proyecto de ampliación de la injerencia del Estado en los sectores clave de la economía.

El Plan de Energía, elaborado por Jefatura de Gabinete, los ministerios de Planificación y Economía, contará con financiamiento aportado por las arcas del Estado, por inversores privados y, aunque no fue confirmado ayer, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con este plan se respaldan las medidas tomadas por el gobierno nacional en las últimas 4 semanas, como respuesta a la crisis de abastecimiento de gas, entre las que se incluyen la importación de gas boliviano, de fueloil venezolano y de energía eléctrica de Brasil. Al mismo tiempo, se lanzan medidas como la creación del mercado electrónico del gas, tendiente a hacer más transparentes las compras y ventas de ese combustible; y la compra directa de gas a los productores por parte de los grandes consumidores.

Si bien el lanzamiento del Plan Energético y de Enarsa se aceleró tras el estallido de la crisis de desabastecimiento de gas que obligó a reducir los envíos del fluido a Chile, desde que comenzó la campaña presidencial, Kirchner anunció la necesidad de reforzar el rol del Estado en áreas estratégicas tales como el control de los mercados energéticos.

Desde la privatización de YPF y la concesión a manos privadas de las principales zonas de explotación petrolera, el Estado argentino no tiene capacidad de influir en las políticas de abastecimiento, el direccionamiento de las ventas (que hoy van a mercados externos porque pagan a precio dólar), ni en la fijación de marcos referenciales para las tarifas.

En los últimos cinco años, las voces más respetadas del pensamiento económico internacional y local han reconocido que las políticas del llamado Consenso de Washington, que implicaron un abandono casi absoluto del rol del Estado en la economía, fracasaron, generando más concentración de riqueza y altos riesgos estratégicos en términos de desatención de sectores claves de la economía.

En ese marco, es muy destacable y auspicioso el proyecto oficial de lanzamiento de una empresa estatal de energía, que permita inmediatamente contar con mejores recursos para acceder a datos, que luego posibiliten negociar en cierta condición de igualdad con los privados. En el mediano plazo, los objetivos son bastante más ambiciosos: influir directamente en la producción, el transporte y la distribución de energía. Enarsa, la empresa estatal de energía, podría cumplir así parte del rol que relegó el Estado argentino cuando vendió su participación clave y la acción de oro (la que decide los pasos estratégicos en ciertas compañías) que poseía en YPF.

Argentina es uno de los pocos países en desarrollo en los que el Estado ha abandonado a manos de los privados áreas estratégicas de la economía: aquí el gas y el petróleo, en Chile, por ejemplo, el cobre. Sólo países con un capitalismo muy desarrollado, en los que siempre existe un Estado poderoso, temido y respetado, pueden darse el lujo de dejar librado al azar del mercado el desenvolvimiento de sectores que pueden moldear el comportamiento de la economía, o arruinar la vida diaria de millones de habitantes.

Ahora llega el tiempo de la desconfianza y las dudas. ¿Será capaz el gobierno de romper el mito de la ineficiencia de YPF, dando a Enarsa la performance de una compañía que cumpla el rol para el que fue creada? ¿Podrá Argentina, un país en default y muy poco confiable para los inversores privados generar las condiciones para que Enarsa pueda capitalizarse y realizar las obras que prometió realizar? Las señales previas no son auspiciosas. Dos días atrás, Standard & Poors, la voz más respetada de los mercados mundiales, emitió un comunicado advirtiendo a sus clientes de los riesgos que implica invertir en el mercado energético argentino y señalando como causas principales de ese riesgo la falta de actualización tarifaria y la inestabilidad de los marcos regulatorios.

Kirchner ha dado con el lanzamiento de Enarsa el primer paso en serio en la dirección del camino económico que siempre enarboló en sus discursos: el rediseño de los modelos neoconservadores de los noventa, para pasar a un modelo neodesarrollista, con un Estado fuerte que fije reglas de acción a los privados y equilibre la balanza rota de la distribución de ingreso. El tiempo dirá si fueron sólo promesas y anuncios de alto impacto mediático.

El costo fiscal y el impacto en la economía interna son los grandes interrogantes que plantea el plan anunciado anoche en la Casa Rosada. El gobierno financiará con más retenciones las inversiones para la ecuación energética estratégica que quiere alcanzar en 2006, pero eso significa asumir algunos riesgos.

El primero de ellos es el menor ingreso de divisas por exportaciones y el mayor costo fiscal de un plan que repone la inversión estatal en el escenario del mercado energético. La incertidumbre sobre el costo de precios internos de los combustibles es otro de los grandes interrogantes, por su impacto en la evolución de toda la economía.

Por ahora, más allá de los aumentos de gasoil en Esso y Shell, tanto Repsol como Petrobrás dieron señales anoche de que no habrá incrementos inmediatos. Pero el precio internacional del crudo y la ruptura del acuerdo de precios con el gobierno plantean dudas de corto plazo.

Otro dato relevante es la decisión del gobierno de asociarse con Petrobrás para la exploración off-shore, es decir en alta mar. Los brasileños se especializaron en esa área y se ubican por eso en un nuevo rol estratégico para la Argentina, que necesita nuevos pozos para sostener la ecuación de reservas que haga previsible su mercado energético y no sacuda la evolución de la economía.

La renegociación de los contratos de las transportistas de gas y electricidad es otro punto por dilucidar. El plan incluye nuevos gasoductos y enlaces como la postergada línea Nea-Noa del sistema interconectado para garantizar la llegada a los grandes centros de consumo.

Sin embargo, el incierto costo del transporte es aún materia de discusión en esos contratos, lo que suma más incertidumbres sobre la estructura de costos de los servicios. Más aún, el gobierno quiere que el gasoducto del noreste esté en funcionamiento de aquí a dos años, pero el contrato directo dispuesto por el gobierno para su construcción puede plantear escollos en el camino.

El esquema de provisión de fueloil de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) para generación turbo vapor de electricidad es otra de las novedades del mercado, que abre además expectativas para el "pago en especias" del combustible. Desde Santa Fe se pagaría con biogenética y vacas, con el consiguiente eventual beneficio para empresas regionales, según evolucione el novedoso sistema.

Tanto las autoridades santafesinas como las cordobesas de las respectivas empresas de energía salieron ayer de la Casa Rosada con algún alivio. Interpretaron que este invierno la crisis no pasará de algunos problemas puntuales para la provisión de gas a la industria, pero estiman que hay elementos suficientes como para no temer mayores problemas.

El gobierno nacional necesitaba ponerse al frente de un plan para que el sistema energético -y la economía y la sociedad- no colapsen en el corto y mediano plazo. Ahora deberá demostrar que los costos del camino elegido permitirán igualmente una evolución productiva y el consumo social sustentable.