La provincia destinará fuertes inversiones y propiciará reformas estructurales en seguridad, justicia y servicio penitenciario, a la vez que aplicará nuevas pautas en la política de minoridad.

En un acto presidido por el gobernador Jorge Obeid, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, anticipó que en las próximas horas girarán a la Legislatura las normas necesarias para "diseñar" una Policía democrática, eficiente, respetuosa de la democracia y los derechos humanos y controlada en su accionar por la sociedad civil.

Se eliminarán las actuales carreras de oficiales y suboficiales, unificando en una sola, que se corresponda con las necesidades operativas de la Policía. Tendrá 10 grados, de suboficial a Director General y con el mérito como criterio promocional.

También habrá un nuevo régimen de concursos y ascensos, reemplazando las cuestionadas Juntas de Calificaciones por tribunales civiles.

Ya no habrá sumarios administrativos, ni arrestos para policías por faltas disciplinarias: un tribunal de conducta evaluará cada caso, con las debidas garantías de defensa para el implicado.

Cobrará impulso la capacitación policial, conforme al proyecto Depetris, con media sanción del Senado y a la espera de tratamiento en Diputados. También habrá una nueva ley de Seguridad Privada.

La saturación policial programada, con fines preventivos y disuasivos, seguirá en marcha con la extensión de las patrullas urbanas, que ya están siendo aplicadas en diversas localidades y en dos años llegarán a toda la provincia, duplicando el centenar de vehículos actualmente afectados exclusivamente a ese propósito.

Para mejorar la identificación por parte de la comunidad, los vehículos portarán colores distintivos: negro para la patrulla urbana, celeste para el Comando Radioeléctrico y naranja para las comisarías.

Pero también se prevé reconvertir al cuerpo de Los Pumas que, con su dotación recuperada y 40 nuevas camionetas, hará las veces de una patrulla rural, controlando los principales puntos camineros de tráfico y orientando su accionar a atacar el abigeato y el hurto agrícola.

En la órbita de la subsecretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Operaciones Especiales organizará la persecución de delitos complejos cometidos por bandas y la captura de prófugos y evadidos.

En tanto, la Dirección Provincial de Policía Comunitaria tendrá la tarea de coordinar, alentar y proteger los planteos y medidas que surjan desde entidades intermedias y barriales, municipios y comunas.

Trece juzgados creados por distintas leyes serán por fin habilitados, a los que se sumarán nuevos tribunales en lo penal. También será reestructurada la Justicia de Menores.

Ocho juzgados vacantes están en el trámite de concurso para su cobertura, comenzando por el juzgado de Menores No. 1 de Santa Fe y el de Ejecución Penal de Coronda. Otros siete están en período de inscripción.

También se prevé la puesta en marcha del llamado "banco de suplentes" judicial, con una lista anualmente conformada de candidatos para cubrir vacantes apenas se produzcan.

Se coordinarán acciones con la Corte -incluyendo una base de datos en común en materia penal y de menores-, promoviendo además la sanción de una ley de estado judicial, que permitirá acudir a magistrados jubilados, para que voluntariamente se presten a reforzar tribunales sobrecargados.

Habrá recursos para que las fiscalías puedan desarrollar las facultades de investigación asignadas por la reciente reforma al Código Procesal Penal; se propondrá la creación de fiscalías barriales, y de defensorías de ejecución penal en las cárceles.

Tal como figura en el proyecto de reforma constitucional, se propicia otorgar ese rango al Consejo de la Magistratura y extender su incumbencia a los jueces comunales.

En cuanto a los llamados "menores transgresores", se desarrollarán acciones conjuntas con las áreas de Educación, Salud, Promoción Comunitaria, Trabajo y Seguridad Social.

Una reforma procesal apuntará a la prevención de la reincidencia; ampliarán y crearán más centros de recreación y capacitación; incorporarán a la planta permanente al personal de la Dirección del Menor en Conflicto con la ley Penal.

Se redimensionará el trabajo del Patronato de Liberados, reforzando el trabajo a nivel interno -con atención y asesoramiento-, visitas domiciliarias, realización de talleres y conformación de un Consejo Asesor, para coordinar tareas con otras instituciones.

En materia carcelaria, el gobierno dispuso destinar 31 millones de pesos a la construcción, refacción y ampliación de penales. Otros 15 millones de pesos irán para alcaidías.

Además de móviles, elementos de seguridad e informatización, en el segundo semestre del año serán incorporados 300 subayudantes y 50 profesionales.

El subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, también se refirió a la propuesta de crear un fondo especial destinado a la seguridad rural. Aclaró que el planteo apunta a que los aportes se realicen por las entidades representativas del sector ruralista y por quienes residen en estas zonas, de "manera voluntaria", para lo cual se realizará una "ronda de consultas con todos los referentes del sector", con quienes ya se conversó informalmente.

Según adelantó, la idea fue evaluada "positivamente" por los actores y organizaciones hasta ahora consultados, y bregó porque "podamos convencerlos definitivamente cuando presentemos el plan general".

Además, se tratará de "una contribución mínima que sostenga la operatividad y que les dé protagonismo a ellos, para agregar lo que falta o sacar lo que sobra".

Consultado por El Litoral sobre si se archivó la idea de aumentar el impuesto inmobiliario para constituir un fondo que financie políticas de seguridad, consideró que la situación planteada en su momento fue "de teléfono roto". Porque en realidad, explicó, "era lo mismo que estamos planteando ahora para el sector rural". Se trató de "buscar con los municipios y comunas un sistema de pago que permitiese fomentar el desarrollo de la seguridad comunitaria".

Rossi consideró que "si nos va bien" con lo propuesto para seguridad rural y "podemos mostrar resultados, estaríamos en condiciones de retomar aquella idea". Sólo "por ahora -dijo Rossi-, no estamos pensando en aplicar esto en las ciudades".

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, expuso la política penitenciaria que se basa en dos ejes: la construcción de unidades carcelarias y el programa de contención integral a la población privada de la libertad.

Respecto de ampliaciones o nuevas cárceles los anuncios fueron los siguientes:

Con fondos nacionales se construirá este año, una cárcel federal en Coronda.

Se finalizará la ejecución de la subunidad de mediana seguridad en Coronda y se refaccionará el pabellón sur perteneciente a la misma cárcel.

Terminarán la construcción del pabellón N° 7 de la Unidad N°2 de Las Flores.

Se construirán seis alcaidías dentro del territorio provincial, con capacidad para albergar a 2.100 procesados.

En Unidad Penitenciaria de Piñero, se llevarán a cabo las etapas I, II y III que posibilitará una capacidad adicional de 480 plazas.

Se construirán 3 cárceles para condenados: una de alta seguridad y dos de mediana, con capacidad para 200 internos cada una.

Se procederá a la informatización del Servicio Penitenciario y se adquirirá el equipamiento necesario. Además, se prevé la incorporación de personal.

Habrá un sistema de moritoreo electrónico para detención domiciliaria de procesados.

En cuanto a los programas de contención integral de los presos, los anuncios del gobierno pasaron, entre otros, por el establecimiento de perfiles institucionales de las unidades penales con el propósito de establecer un sistema penitenciario apto, para el funcionamiento de un régimen progresivo de ejecución penal.

Se prevé la creación de departamentos de Salud Mental en las distintas unidades penitenciarias que dependerán del Ministerio de Salud. Estos tendrán como misión brindar asistencia a los internos y a sus familias.

Se instrumentarán planes de salud primaria para los internos y otros relacionados con la atención y prevención del sida en las unidades penales.

Está previsto un plan de educación carcelaria, coordinado juntamente con Educación. Su objetivo será la ampliación de la oferta educativa tanto en la educación formal como para la capacitación laboral.

Se constituirán consultorios jurídicos en las cárceles para la atención de los internos. Dependerán de la Secretaría de Derechos Humanos y se contará con la colaboración de los colegios de Abogados, facultades de Derecho y Pastoral Penitenciaria.

Se anunció un programa de capacitación permanente para el personal penitenciario con el objeto de profundizar su profesionalización y se dictarán carreras universitarias en los penales a partir de convenios con la UNL y UNR.