El Ministerio de Trabajo ya abrió el paraguas y tomó las precauciones para actuar en apoyo a empresas que denuncien problemas laborales por falta de energía eléctrica o gas. "Tenemos prevenciones no temores", aseveró Noemí Rial, la secretaria de Trabajo de la Nación, quien estuvo ayer en esta capital. La funcionaria también señaló que la cartera observa el comportamiento del mercado tanto en materia salarial como en la creación de empleo.

En diálogo con El Litoral, minutos antes de sentarse frente a un auditorio compuesto por funcionarios, profesionales y estudiantes para explicar los alcances de la nueva ley laboral, Rial afirmó que las carteras laboral y de Infraestructura han resuelto elaborar una resolución para actuar en conjunto con el objetivo de buscar soluciones puntuales. "Fábrica o empresa que argumente la crisis en función del desabastecimiento de energía o de gas, automáticamente vamos a tratar con Infraestructura de rever la situación coyuntural. Además y en paralelo apoyaremos a los empleos. Vamos a subsidiar, como hicimos en el 2002, los puestos de trabajo para evitar que desaparezcan. Tenemos recursos porque el programa hoy está subocupado porque ha bajado la crisis de empresas. Esto hoy nos ayuda a poder salir a mantener condiciones de trabajo y de empleo si es necesario".

Rial aseguró que no hubo hasta el momento ningún caso planteado. "Queremos prevenirlo y hacer un procedimiento más rápido que el preventivo de crisis previsto en el decreto 265". Explicó que la cartera de Julio De Vido ya puso un subsecretario en línea directa con Trabajo para una rápida intervención ante la denuncia empresaria. "Pondremos a disposición del empleador y de la representación sindical el programa de recuperación productiva".

La funcionaria dijo que hasta el momento "no hay signos" de que la crisis energética pueda afectar el proceso de creación de empleo que se está dando en el país.

Rial afirma que el gobierno mira la evolución del mercado laboral y hoy se considera no necesario recurrir a una nueva prórroga de la doble indemnización ni a producir un aumento generalizado de salarios en el sector privado.

Aseguró que la incorporación salarial otorgada el año pasado "ha generado un importante impacto en la negociación colectiva. La mayor parte de los convenios vinculados a la actividad económica e industrial han tenido un incremento mayor a los 200 pesos sobre los básicos de convenio. Se ha restablecido la mecánica de la negociación colectiva".

Para confirmar la apreciación asegura que está prácticamente cerrado el conflicto entre la Asociación Bancaria y las cámaras del sector para solucionar el diferendo en Banco Nación y en las entidades cooperativas. "En el área de la industria, lo más impactante fue el acuerdo de Adimra-Uom donde no sólo se incorporaron los 200 pesos, sino que se mejoró un salario deprimido y en estos días se abrió la negociación colectiva. Volvieron a negociar un convenio paradigmático" para el mundo laboral.

Ante la repregunta sobre el tema salarial y el impacto de los aumentos de tarifas y combustibles, señaló que "si se produjera un impacto inflacionario que no pudiera ser modificado en los tiempos de la negociación colectiva, en ese momento el gobierno tomará las medidas del caso".

La viceministra de Trabajo reconoce que su cartera tiene todavía algunos inconvenientes con los empleadores que demoran en denunciar los nuevos empleos y más si son beneficiarios del programa Jefes y Jefas de Hogar. "Hemos dictado los instrumentos necesarios para que el jefe de hogar que recibe el beneficio no lo pierda con el hecho de denunciar que está trabajando. Al contrario, se le suspende el pago, pero no el beneficio. Cuando termina el trabajo, acredita, y automáticamente tiene los 150 pesos. Si gana menos de cien pesos puede trabajar y recibir el beneficio y si, además, no denuncia y cobra el beneficio se le puede suspender el pago por 3 meses sin sanción".

Señaló que las flexibilizaciones adoptadas apuntan a que "los empleadores asuman sus responsabilidades de sacar el alta temprana. Hemos hecho todo lo posible y esperamos que los empleadores respondan. Ellos decían que necesitaban trabajadores y nos decían que el plan jefes y jefes se los sacaban. Hemos facilitado que el trabajador pueda ingresar, que no pierda el beneficio, que pueda continuar trabajando, queremos que lo pongan en blanco. No tienen más excusas".

Rial reconoce que una de las mayores preocupaciones es erradicar el trabajo no registrado. "Nos comprometemos a incorporar unos 400 inspectores, a facilitarlos a las provincias que firmen acuerdos con nosotros. Además sumaremos a la Afip y Ansés para salir en forma conjunta a regularizar la situación laboral".

"Fábrica o empresa que argumente la crisis en función del desabastecimiento de energía o de gas, automáticamente vamos a tratar con el Ministerio de Infraestructura de rever la situación coyuntural". Noemí Rial, secretaria de Trabajo de la Nación.

Noemí Rial vino a Santa Fe, invitada por la facultad de Derecho de la Universidad Católica, para explicar los cambios en la ley laboral votada este año y que reemplazó a la sancionada durante el gobierno aliancista y sospechada de haber sido previo pago de sobornos a los senadores.

Antes de llegar a la UCSF tuvo un encuentro con la CGT-Maguid en la sede de la central sindical. Ya en la sede universitaria de Guadalupe saludó al rector, padre Gerardo Galetto y a las autoridades de la casa. La acompañó allí el secretario de Trabajo de la provincia, Alberto Gianeschi.

Rial le reconoció a El Litoral que hay mucho interés, tanto en el ámbito empresario como sindical, por la nueva ley laboral.

"Las mayores observaciones que tenemos en el sector sindical es que hubiesen querido una profundización del modelo de negociación colectiva. Esta es una ley que salió condicionada por los tiempos reales, era indispensable dejar sin efecto la N° 25.250, derogarla y no podíamos permitir un vacío normativo. Por otra parte, el sector empleador, especialmente el sector de Pymes, pide la rápida reglamentación del artículo sexto que permite la incorporación de trabajadores con disminución en las contribuciones patronales. También existe el resquemor acerca de volver a la estructura de hegemonía del convenio superior.

El convenio de rama de actividad sobre el convenio de empresa va a significar una pérdida de posibilidad de negociación en la empresas. Esto me lo plantearon algunas cámaras empresarias y yo lo negué.

Ningún modelo en la Argentina prohibió la negociación por empresa. Lo único que modifica la actual ley es el régimen de preeminencias, pero nadie puede negar que es legítimo el cambio. Un convenio posterior no puede modificar el convenio anterior de unidad mayor.

Tampoco un convenio de unidad menor puede ser intocable por un convenio de unidad mayor aún cuando éste produzca mejores beneficios. Hemos vuelto al esquema de la ley de contrato de trabajo de la preeminencia de la norma más favorable al trabajador", explicó la funcionaria.