Dispusieron vigilancia para el personal, y ordenaron investigaciones desde la Dirección de Asuntos Internos.
Ante nuevas amenazas telefónicas y anónimas recibidas en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se reunieron este mediodía el titular del área, Domingo Pochettino, y el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.
La segunda llamada intimidatoria se registró esta mañana a las 7.09, desde un teléfono público de Santo Tomé. El mensaje alude a "nuestros camaradas procesados injustamente por culpa de una prostituta"; advierte que quienes hablan están "armados y sueltos"; y vaticinan para "muy pronto, alguna muerte dudosa de las callejeras".
En conferencia de prensa, Rosúa advirtió que "no hay ninguna certeza" de quiénes serían los responsables de las amenazas. Confirmó que estos nuevos elementos fueron girados al fiscal N° 6, Carlos Romero, que inició la investigación. Asimismo, se dispuso una vigilancia y protección a través de seguridad personal para los trabajadores de la Secretaría; y se instruyó a la Dirección de Asuntos Internos para que inicie investigaciones en las fuerzas policiales que ayudan a aclarar el caso.
SOSPECHAS Y LECTURAS
El ministro interpretó que las amenazas responden a que la Secretaría de Derechos Humanos tiene "una acción real y concreta que lesiona intereses o situaciones de privilegio".
Pochettino, por su parte, coincidió en atribuir lo sucedido a sectores que "se resisten a los cambios que se están imprimiendo desde el poder político y que son a favor de la gente, porque tienen que ver con una policía diferente".
Sin embargo, ni uno ni otro se atrevió a vincular directamente la institución policial con las amenazas. "No lo sé", se limitó a decir el ministro.
"Este tipo de apremios -completó Pochettino- los estamos recibiendo porque estamos actuando a favor de la gente. Y la policía debe estar a favor de la gente". A su criterio, los hechos responden a "marginales y son ellos los que deben quedar en el camino".
"Cuando pedimos mayor seguridad para todos, necesitamos una policía que esté en las mejores condiciones para poder llevar los planes adelante. Y éste es el planteo del Ministerio de Gobierno, del poder político y de la Jefatura de Policía", sostuvo el secretario de Derechos Humanos.
El ministro consideró que la población "no tiene por qué intranquilizarse" frente a estos hechos. "Esta es una suerte de mecanismo de defensa de quienes no quieren que cambie lo que tiene que cambiar. Cuando queremos que una policía sea mejor, esté mejor dotada, instruida, y mejor desde el punto de vista ético, es porque lo hacemos para la gente. Y puede haber, hay y habrá siempre quienes se opongan a reformas de este tipo. Pero a nosotros no nos afecta. Nos incentiva a producir más acciones correctivas", sentenció Rosúa.
