A dos meses de la asunción como presidente y vicepresidente del consejo provincial del Partido Justicialista, tanto Jorge Obeid como Alberto Hammerly solicitaron una licencia sin plazo en sus respectivos cargos.

Aquel acto de principios de abril significó la llegada a la conducción partidaria de las dos corrientes principales dentro del justicialismo: reutemanistas y obeidistas. Representaba una alianza interna para la gobernabilidad y la promesa de revertir la falta de vida partidaria.

Entre otros hechos menos expuestos, esta semana la fuerte presión a favor de la derogación de la ley de Lemas proveniente de algunos sectores de la oposición puso en evidencia la crisis que este tema venía generando dentro del peronismo. Ante el proyecto enviado a la Legislatura por el Ing. Jorge Obeid para su derogación y reemplazo por otro sistema electoral, quedó abierto un fuerte frente de oposición en las filas partidarias. Se habla tanto de un tiempo para el debate y la confrontación como del compromiso de tratar el tema en la Cámara de Diputados el 19 de agosto, pero la realidad es que una gran mayoría de dirigentes -sobre todo del interior- se niega a la derogación de la norma. En otras palabras, a perder la herramienta para la permanencia en el poder del Partido Justicialista.

Obeid, convencido o semiconvencido, prometió durante la campaña electoral remitir a la Legislatura un mensaje sustituto del régimen de lemas.

Sus allegados dicen que en aquel momento electoral hubo un acuerdo interno en esa dirección entre los candidatos de los principales sublemas del PJ, frente a lo que vislumbraban como imposible de seguir manteniendo a futuro.

Sin embargo, siempre se supo de la renuencia del justicialismo para deshacerse de la norma, aun a costa de una confrontación sin fisuras con la sociedad. La opinión pública no la quiere más, sin analizar ya otras alternativas morigeradoras.

En esta cuestión, el gobernador quedó sólo acompañado por el reducido grupo de dirigentes que se da cuenta de que la sociedad no les deja otro margen de acción que no sea el reemplazo urgente del sistema. Tampoco interesa a la opinión pública si la derogación lisa y llana de la ley vigente representa un retorno al pasado con la elección de candidatos en internas cerradas en los partidos, donde siempre ganaban los que contaban con más aparatos.

El asunto de marras -que tiene una cocina interna tan extendida como dirigentes exhibe el PJ-, traba el tratamiento legislativo de las iniciativas que le interesan al gobierno.

La oposición fustiga y gana un espacio sobre la ciudadanía, aunque no siempre es tan transparente como se quiere hacer ver. Porque no toda la dirigencia opositora, en privado, es uniformemente partidaria de derogar la norma. Muchos saben que sin ella nunca hubieran llegado a los lugares que ocupan y otros recuerdan las viejas luchas internas dentro de sus partidos, que no siempre dejaron los caminos expeditos para los más capaces.

Desde un punto de vista, la postura de Obeid aparece nuevamente debilitada por un partido que no lo acompaña en un tema necesario para la sociedad y que el gobernador consideró emblemático hacia fines de su campaña. Desde la otra vereda deberá analizarse hasta dónde este costo para Obeid no puede transformarse en beneficio a los ojos de esa sociedad claramente demandante.

Desde un segundo punto de vista, la postura de Obeid podría observarse como ambigua por no querer sumar sus seguidores en la Cámara de Diputados a las otras fuerzas que persiguen la derogación de la ley de Lemas.

Pero, paradójicamente, también aparecen como perdedores los que se oponen a la derogación porque la sociedad los tiene identificados. Cabría preguntarse si no es por este motivo que Alberto Hammerly -ubicado dentro de las filas reutemanistas con quienes no quieren que nada cambie-, solicita licencia en el consejo partidario. Nadie desea quedar pegado a esa negativa. Pero el tema tiene una presencia tan vital a los ojos de la opinión pública que desnuda a todos y los pone en evidencia. Es tiempo de sincerar posturas; todas las posturas, no sólo aquéllas que surgen primero a la luz, y tomar el toro por las astas.

Otra cuestión que ha abierto un profundo surco entre gobierno e interior refiere a la coparticipación que se envía.

Los legisladores radicales y socialistas vienen marcando desde principios de año, la necesidad de derogar el decreto N° 3113. Esta norma, que en años anteriores -de gran inestabilidad financiera- representó un reaseguro de recursos para las municipalidades y comunas, hoy día resulta lo contrario ante la mejora de la recaudación nacional y provincial.

Intendentes y senadores reclaman participar del crecimiento. Unos lo hacen más públicamente que otros, pero el reclamo es unánime. Las cifras dadas a conocer con el senador Carlos Fascendini respecto de los fondos que las municipalidades dejaron de percibir son muy importantes. Según los cálculos del legislador por Las Colonias, en lo que va del año, el gobierno distribuyó 74 millones de pesos menos.

No se podrá decir que este gobierno no ha buscado soluciones financieras para el interior y promovido medidas que tendieran a ayudarlo. Viejos reclamos de los municipios se han convertido en mensajes de ley. Pero, ante a la impresión de que la nueva ley de Coparticipación Federal -que daría el marco de las relaciones económicas en el Estado- entró en un punto muerto, parecería que a la administración de Obeid se le acabaron los argumentos para dilatar una resolución del tema.

Al igual que con la derogación de la ley de Lemas, la coparticipación al interior forma parte del menú de las demandas que tensa el clima de convivencia política. Algunas fuentes han señalado que en el curso de este mes, el ministro Walter Agosto presentará una propuesta.