Acusó a sus jefes de sustraer y vender un cargamento de cigarrillos al que tenían que destruir. Terminó solo y retirado.
Buenos Aires.- Un comandante cuyo relato fue clave para la detención de tres jefes de Gendarmería Nacional acusados de sustraer y vender un cargamento de cigarrillos que les habían ordenado destruir, denunció que tras sancionarlo y arrestarlo por sus declaraciones, lo retiraron de la fuerza y lo dejaron solo.
En diálogo con radio Rock and Pop, el comandante Pablo Silveyra pidió que alguien escuche su caso y que lo reincorporen a Gendarmería Nacional.
Relató además que quienes lo hicieron pasar a retiro tras una junta son los actuales director y vicedirector nacionales de la Gendarmería.
"Después de la denuncia fui sancionado y humillado en Gendarmería por (Hugo) Miranda, ex director, y su séquito de aduladores", contó.
Dijo además que por la denuncia que hizo sufrió "una persecución administrativa feroz. Por cualquier excusa me acusaron de irrespetuosidad y me hicieron cumplir tres meses de arresto en el Escuadrón Buenos Aires".
Según Silveyra, "el actual director y vicedirector de Gendarmería integraban la junta de calificaciones que me declaró inepto para las funciones de mi grado".
También contó que por las denuncias que hizo, lo amenazaron de muerte a él y a su familia, y sospecha que lo sancionaron por haber realizado las denuncias sobre corrupción en la fuerza.
Por la denuncia de Silveyra, el 9 de agosto del 2002, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a cinco miembros de Gendarmería Nacional, entre ellos tres altos jefes y a un agente aduanero, por sustraer y vender cigarrillos secuestrados en operativos contra el contrabando.
El procesamiento recayó sobre los comandantes de Gendarmería Fabián Barrandeguy, Roberto Esper, mayor Roberto Villalba -jefe del Escuadrón Buenos Aires-, el suboficial principal Carlos Lazzarini y el asesor legal de la fuerza y primer alférez Diego Villalba, hijo del otro Villalba detenido.
También fue procesado el agente de Aduanas Julio Arceredillo, quien estaba adscripto al juzgado penal económico de Jorge Brugo.
En la causa, el juez ordenó la destrucción de las 3.786 cajas con 50 cartones de cigarrillos, secuestradas.
A los gendarmes los acusaron de "malversación de caudales, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y falsificación de documento público" con penas no excarcelables de 5 a 10 años de prisión. (Télam).
