El Ejecutivo propone equiparar tributariamente todas las máquinas, sean para Internet o juegos. El veto habría llegado al Concejo fuera del plazo previsto para ser presentado.
El Concejo Municipal analizaba este mediodía el veto parcial del Ejecutivo a la flamante ordenanza de regulación de los ciber y juegos en red, cuya aprobación demandó casi dos meses de debate en el recinto.
El 13 de mayo pasado, los ediles fusionaron varias propuestas y pudieron sancionar la ordenanza 11.047. La norma fue comunicada al Ejecutivo cinco días después. Pero el 2 de junio el intendente Martín Balbarrey giró al cuerpo el decreto 237, por el cual observa no menos de 7 artículos, para los cuales se propone una nueva redacción.
Según el decreto, el veto se apoya en dictámenes e informes emitidos por la Dirección de Rentas, Asesoría Legal y Tribunal de Faltas. La primera observación tiene que ver "con evitar tergiversaciones en cuanto a la aplicación de la norma".
El Ejecutivo sostiene que se debe establecer claramente que "ciber" es la actividad principal regulada en la ordenanza. En consecuencia, propone una nueva redacción en el artículo objeto-definición.
"Se entienden como ciber los locales comerciales que prestan el servicio de ordenadores personales y el software instalado en el mismo, a cambio de un precio en dinero, incluyendo además el acceso a la red Internet", dice textualmente el artículo propuesto.
Como se recordará, entre otros requisitos la ordenanza establece la ubicación de los ciber a 100 metros de distancia como mínimo de cualquier establecimiento educativo.
El Ejecutivo insiste en que también se debe ajustar a otra norma que fija los ámbitos de máximo silencio (como los edificios hospitalarios o de clínicas), y que tampoco podrán ubicarse cerca de éstos.
TRIBUTOS
En cuanto al interior de los locales, además de los módulos divisorios ya previstos, el Ejecutivo incluye la imposibilidad de disponer "salones reservados, dormitorios y altillos", mientras que aumenta a "dos" el mínimo de unidades sanitarias requeridas.
Uno de los puntos más polémicos, ya advertidos por algunos concejales, tiene que ver con el aspecto tributario.
"Muchos santafesinos que tienen como unidad de negocio brindar el servicio de acceso a Internet intuyen que de prosperar el veto y de aplicarse el cobro de $ 12,20 por máquina por mes en concepto de Derecho de Registro e Inspección, la tarifa que hoy abonan los usuarios se verían incrementadas", dijo el justicialista disidente Alfredo Hediger.
"Con esta manera de recaudar, lo único que generamos es que las inversiones sigan de largo. Tomemos como ejemplo a quien instalar un local para el acceso a Internet con 20 máquinas. Con este nuevo esquema pagaría $244 por mes, casi un 50% del valor de un alquiler, mientras que como está en la ordenanza que intentan vetar sólo pagaría $ 70", graficó el edil.
"La idea de recaudar dinero por este medio va en detrimento de los ciudadanos, sean éstos usuarios o propietarios", insistió.
Pero además de las observaciones incluidas en el decreto, en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, ediles de la oposición iban a plantear el primer reclamo formal: el veto no llegó dentro del plazo establecido (diez días) a contar desde la comunicación.
