Rosario (C).- Las entidades empresarias, profesionales, académicas e institucionales de Rosario relanzaron una ofensiva en pro de la plena autonomía y la justa coparticipación de recursos provinciales. Se trató de un gesto deliberado que pretendió exhibir homogeneidad y fortaleza en el reclamo. Y que fue lanzado por sectores que, pese a la existencia en la Legislatura de un proyecto de reforma constitucional que incluye este punto específico, barruntan desconfianza hacia la intención del oficialismo provincial de darle impulso.

El que encabezó la movida fue el intendente rosarino, Miguel Lifschitz, quien hace tres meses había fijado fecha para este mes de junio para la celebración de un plebiscito que cristalizara la opinión de la ciudad al respecto.

Ayer a la tarde el intendente se sentó al centro de una mesa a la que acudieron instituciones intermedias locales para suscribir la llamada Declaración del Foro por la Autonomía. La composición del auditorio era muy plural: además de la Municipalidad, confluyeron el rector de la Universidad Nacional de Rosario, representantes de la Bolsa de Comercio, del Colegio de Abogados, del Colegio de Arquitectos, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El sitio del encuentro fue la sede de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario que preside el empresario frigorífico Roberto Paladini. También participaron fundaciones de distintas orientaciones y el constitucionalista Iván Cullen.

El 4 de marzo pasado, Lifschitz había anunciado en el Concejo Municipal de Rosario que la consulta propuesta estaría antecedida de debates públicos en centros de distrito, organizaciones sociales e instituciones públicas. Aunque el proyecto de plebiscito quedó en suspenso cuando la provincia propuso considerar las autonomías en una reforma constitucional, en Rosario campea la idea de que el tema esté congelado en el tiempo. Y por ello se renovó el reclamo.

El fondo de la cuestión, reiterado en el foro, es que Rosario pierde ingresos económicos y jerarquía para definir políticas públicas y mecanismos de representación. Lifschitz decía por entonces que más allá de los discursos tenía "serias dudas" de que el gobierno provincial avanzara con acciones para concretar la autonomía. Esa previsión figura en el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que plantea que "cada provincia dicta su propia Constitución (...) asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

La declaración firmada por la veintena de entidades propone, entre otros puntos, la autonomía plena de los municipios, la potestad de dictar sus cargas orgánicas sancionadas por la autoridad local, la elección directa de las autoridades, la facultad de establecer tributos y contribuciones en su jurisdicción, la liquidación automática de los fondos provenientes de la coparticipación federal hacia los municipios.

Lifschitz sintetizó el espíritu de la audiencia cuando le dijeron que ya había un proyecto de reforma constitucional que implicaba la autonomía. "Lo que ocurre es que más allá de las buenas intenciones hay que hacer que los legisladores asuman con responsabilidad el tratamiento de esta ley. El hecho de que el gobierno mande un proyecto no garantiza de por sí que esto se apruebe".