A partir del próximo 17 de agosto se abrirá el concurso para conformar las listas de aspirantes a integrar el Banco de Suplentes del Poder Judicial. Se trata de los jueces subrogantes que permitirán cubrir vacantes transitorias en juzgados de toda la provincia.

En diálogo con El Litoral, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gustavo Vera, precisó que el plazo total para la definición de estas subrogancias será de "sesenta días hábiles", por lo que "a fines de octubre", debería estar terminada la primera de las tres listas.

La nómina inicial comprenderá jueces en lo civil y comercial de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, de acuerdo a la dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Consultado sobre la cantidad de vacantes transitorias, Vera aclaró que, precisamente por esa condición, "no existe un número predeterminado ya que aparecen y desaparecen según los magistrados vuelvan a sus fueros". Asimismo, resaltó la importancia de esta disposición, que le permitirá a la Corte Suprema "tener a mano" un listado de funcionarios judiciales con los cuales podrá "inmediatamente" cubrir vacantes transitorias. Así, el máximo tribunal evitará someterse a la "demora" que implica un proceso definitivo y que insume "entre cuatro y seis meses", según lo establece el reglamento.

Vera puntualizó que las vacantes definitivas en la provincia "no superan el 5 por ciento del total". En ese sentido, aseguró que en todo el territorio "existen 319 jueces actuando -desde los ministros de la Corte hasta los jueces de circuito- y "no hay más de 15 juzgados sin cubrir". El funcionario se atrevió a asegurar que en este aspecto, la provincia de Santa Fe "está mucho mejor, incluso, que el Poder Judicial de la Nación", donde los reclamos son permanentes.

En cuanto al Banco de Suplentes, intentará contener a "17 jueces subrogantes para todos los fueros", aunque al principio, aclaró Vera, la lista contemplará a "nueve" de esos magistrados.

Los requisitos para quienes quieran inscribirse son "los mismos que debe cumplir cualquier persona que desee convertirse en juez provincial", según lo establecen la Constitución, las leyes y los reglamentos. La única "salvedad" es que quienes se presenten "ya deberán ser funcionarios del Poder Judicial", por lo que quedarán excluidos los abogados particulares. "Tal vez esto pueda ser revisado en el futuro", prometió el funcionario.

El cargo será remunerado. Por ejemplo, si un secretario de juzgado se presenta a subrogar el cargo de juez, cobrará "la diferencia salarial" que exista entre su cargo y el que subroga.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, reveló a El Litoral, que en la última reunión ampliada del Consejo de la Magistratura se resolvió que de aquí en más las audiencias que realice este organismo en el momento de cumplir con la instancia de las entrevistas a los aspirantes a jueces, serán "públicas, de libre acceso a toda la ciudadanía, sin ninguna restricción ni ninguna salvedad". La determinación surgió a partir del reclamo de un letrado del fuero rosarino, que ya el año pasado planteó la posibilidad de presenciar estas reuniones.

"Esto tiene que ver con la transparencia, con la posibilidad de clarificar aún más el proceso de selección de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, que no lleva mucho tiempo de funcionamiento pero que por orden del gobernador, hará todo lo que sirva para transparentar el trámite".

Gálvez explicó que por una cuestión de espacio físico, a partir de ahora las entrevistas ya no se realizarán en la Subsecretaría de Justicia, sino en la Sala de Audiencia de la Cámara de Apelación de la Corte.

Acerca de la promesa -hasta ahora plasmada en decreto- del gobernador Jorge Obeid de exigir el título de abogado a los jueces comunales de la provincia, Gálvez aclaró que también "se trabaja en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial" para introducir estos cambios como definitivos.

"La idea es reglamentar todo el tema de juzgados comunales. Para eso, en el Consejo de la Magistratura estamos recibiendo opiniones que buscan modificar tanto el funcionamiento como reglamento del proceso de selección de estos jueces". De todas maneras, subrayó que en esto "el gobernador ya mostró su impronta exigiendo que los jueces comunales sean profesionales del derecho".

Gálvez resaltó que cada uno de estos pasos que se están dando desde la Subsecretaría y desde el Ministerio de Gobierno en en general, están enmarcados dentro del Plan Provincial de Seguridad y Justicia que fuera oportunamente lanzado por la gestión de Jorge Obeid.

Rubén Patina había sido designado en 1981, Juez Comunal de Las Garzas.

Tras sucesivas denuncias sobre irregularidades, se ordenaron en 1993 varios allanamientos. El local fue encontrado directamente abandonado.

Pero la anomalía más grave fue detectada hace poco tiempo. Según contó Walter Gálvez, "no existen libros de registro ni actas de nacimientos, matrimonios y defunciones desde 1990 a 1993. Los chicos que nacieron en esos años, hoy deben inscribirse en el nivel Polimodal o tienen que enrolarse y no pueden hacerlo porque no tienen documento".

Ante la situación, la provincia preparó un operativo para comenzar a "relevar a todos los ciudadanos que no estén inscriptos". Patina presentó la renuncia al cargo en 1994. "Lo último que supimos es que se habría ido a Paraguay", dijo Gálvez.

El subsecretario de Justicia aseguró que se están produciendo algunos avances en cuanto a la "problemática compleja" que implica la detención de menores en conflicto con la ley penal.

El funcionario destacó que, progresivamente, están siendo reubicados estos jóvenes a centros de detención especializados. "En mayo teníamos alojados en comisarías 139 menores, en junio 114, y en julio llegamos a 86 menores". De esta forma, subrayó, "está bajando sustantivamente la cantidad de chicos recluidos en comisarías, y la pretensión es que en 90 días no haya más menores en dependencias policiales".

Los chicos que son retirados de las comisarías son trasladados a centros exclusivamente para menores. Para ello, se resolvió concluir las obras en un establecimiento de Rosario, que permitirá contar con 25 nuevas plazas, mientras se construye un doble cerco en el centro de la localidad de Recreo, que sumará otros tantos lugares.

"El objetivo es buscar un ambiente adecuado para la reinserción del menor en la sociedad. Somos contestes con lo que pasa y sabemos que esto no mejora desde las comisarías. Por eso creemos que en dos o tres meses más ya no vamos a tener menores en estos sitios. Santa Fe no es ajena a los momentos acuciantes que vive el país con los jóvenes que delinquen. Nuestra intención es trasladarlos a ámbitos más adecuados".

En la actualidad, el universo de chicos internados es de 244 en toda la provincia. De ellos, el 25% está en unidades policiales y el resto, en institutos de gestión mixta entre la Dirección en Conflicto con la Ley Penal y el Servicio Penitenciario.