La CGT en Diputados
Dirigentes sindicales de gremios del sector privado que integran la CGT de Santa Fe se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Barrera, y representantes de los distintos bloques que conforman el cuerpo.
Los sindicales fueron a expresar el acuerdo al proyecto presentado por Alberto Maguid para derogar la Ley 10.059 cuya finalidad central es llevar un registro de los contratos de trabajos generados entre empleadores y trabajadores por tiempo determinado.
Los dirigentes explicaron que el pedido de derogación de la ley mencionada se fundamenta "en la necesidad de evitar que se siga utilizando esta mecánica de registración como un disfraz que evita el cumplimiento de las obligaciones laborales que generan esas relaciones laborales".
Enojo con la EPE
En la última sesión de Diputados, el radical Santiago Mascheroni, expresó su malestar con la EPE que no ha respondido a un pedido de informes de su autoría aprobado el 22 de abril requiriéndole datos sobre equipos transformadores que contengan PCB.
"La respuesta en tiempo y forma a la Cámara evitaría la politiquería barata en un tema muy sensible para la población como es la posible presencia de ese producto cancerígeno en los equipos" destacó.
"Hay una actitud de impunidad de la EPE" en el tema subrayó y destacó la inquietud que existe en Granadero Baigorria, Rafaela y otras ciudades de la provincia por la posible presencia de aparatos cancerígenos.
Tributos a Telefonía.
Ricardo Spinozzi logró apoyo del Senado para que se gestione ante los legisladores nacionales un proyecto que ponga fin al privilegio de las compañías telefónicas multinacionales, que no pagan a los municipios y comunas la tasa por el uso del espacio aéreo, como lo hacen por ejemplo las empresas de cable. En la ley original así se lo había establecido pero luego el Poder Ejecutivo nacional vetó ese artículo de la norma.
Mora
El Poder Ejecutivo provincial se encuentra en mora respecto de la reglamentación de varias leyes que tuvieron sanción por parte de la Legislatura. Tal es el caso, de gran resonancia y participación, como fue la Ley N° 12.069 de grandes superficies comerciales, sancionada con gran publicidad en el 2002.
Su reglamentación debía estar terminada en 90 días pero de ello ha pasado un año y medio. El reclamo fue promovido por los senadores Alcides Calvo y Alberto Crossetti, de los departamentos Castellanos y Belgrano.
Por su parte los radicales Fascendini y Michlig también le solicitan al PE que a través de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable proceda a reglamentar la Ley 12.173 de Areas Protegidas y la Ley 12.249 que creó el Observatorio de Residuos Peligrosos, Tóxicos y Nocivos.
Investigación clínica en seres humanos
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes presentado por el ARI sobre distintos puntos vinculados con el control que realiza el Estado de la actividad de investigación clínica en seres humanos.
El cuerpo requirió saber qué cantidad de protocolos de ensayos clínicos se están realizando en la provincia con una información disponible particular por protocolo.
También solicita informes sobre los comités de ética en investigación, requiriendo datos sobre el número, integrantes e instituciones de pertenencia a ellos.
Reconquista-Goya
En forma coincidente al encuentro de los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes, Diputados aprobó un proyecto motorizado por el radical Federico Pezz que impulsa la creación, integración y puesta en operación de una unidad ejecutora interprovincial del puente Reconquista-Goya que tenga como sede oficial Reconquista o Avellaneda.
Dicha unidad está pensada desde Diputados como la encargada de gestionar el proyecto, la construcción de las obras, el financiamiento y la administración de los recursos que asigne el presupuesto de la Nación.
Responsabilidad fiscal
El presidente del bloque de diputados del ARI, Antonio Riestra, solicitó al Poder Ejecutivo que no impulse la adhesión de Santa Fe al régimen federal de responsabilidad fiscal sancionado por el Congreso de la Nación.
Riestra entiende que la ley vulnera los principios básicos de autonomía en el marco del sistema federal y "pretende mutilar la política fiscal como instrumento de redistribución progresiva del ingreso".