Un fiscal pide que se investigue si funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia. Ya el año pasado, la Justicia había ordenado que se normalizara esa situación.
El fiscal Héctor Millen pidió al juez correccional Roberto González que investigue si autoridades policiales o carcelarias incurrieron en un posible delito de desobediencia, al continuar permitiendo que en la Alcaidía de la Jefatura de Santa Fe estén alojados alrededor de 150 internos, cuando en realidad la capacidad máxima de la institución es de 132 detenidos.
El 10 de noviembre del año pasado, el juez de Instrucción Julio César Costa había ordenado "el cese inmediato de las condiciones que agravan el estado de detención" de los internos. En aquel momento, dicho magistrado elevó el pedido al jefe de la Unidad Regional 1 de la Policía y al director de Institutos Penales de la provincia.
La sobrepoblación de la Alcaidía no es un problema nuevo, ya que se enmarca en la crisis carcelaria que desde hace años atraviesa la provincia. En las principales ciudades, las comisarías vienen siendo utilizadas desde hace tiempo para alojar a presos que no tienen lugar en las cárceles.
Frente a lo constatado en la Alcaidía el 26 de julio último, Millen formuló una denuncia por el posible "delito de desobediencia", considerando que las autoridades competentes habían sido oportunamente notificadas de la "situación decrépita, decadente e inadecuada que revisten las instalaciones".
Llamado de atención
Consultado por El Litoral, Millen reconoció que la problemática excede a las autoridades policiales o carcelarias "que se preocupan de mantenerlos en un buen estado de salud"; pero "las instalaciones en malas condiciones, la inestabilidad y disconformidad de la gente, sumado a las eventuales enfermedades que pudieran sobrecaer sobre ellas" son factores desencadenantes de intentos de fuga, reyertas y amotinamientos.
El fiscal manifestó que con su denuncia busca "alertar" a las autoridades responsables, para evitar futuros inconvenientes que pueden prevenirse.
Como primera medida, el juez correccional Roberto H. González solicitó al juez Julio César Costa los antecedentes de este caso, para a partir de allí tomar decisiones al respecto.