La Cámara de Senadores transformó en ley suspensión temporal -por 180 días- de la ejecución de la vivienda única en la provincia, siempre que el importe original de la deuda no hubiera excedido la suma de 60 mil pesos.

El tema fue resuelto rápidamente en el recinto; cosechó apoyos de una concurrida barra de deudores que saludaron con voces y aplausos las exposiciones de la socialista Patricia Sandoz, del radical Carlos Fascendini y del justicialista Joaquín Gramajo (PJ), quienes fundaron el proyecto en los "abusos", que se cometieron con los créditos luego de la caída de la convertibilidad.

Pese a que había intenciones de postergar el tratamiento en una semana para revisar el texto que aprobó hace siete días la Cámara de Diputados, tal como lo expresó Joaquín Gramajo, la insistencia de Patricia Sandoz y Daniel Depetris, en solucionar el problema de los remates con la urgencia debida, determinó su tratamiento y veloz sanción.

Como es de práctica, se alteró el orden de la sesión, teniendo en cuenta la presencia en la barra de numerosos deudores de distintos puntos de la provincia y el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Sandoz fue contundente al referirse a la suspensión de los remates y abogó porque el Congreso Nacional encuentre una ley de fondo que "dé solución definitiva al problema de este tipo de deudores, que se vieron involucrados en muchos casos por la crisis económica y la implacable voracidad de las entidades financieras", expresión que arrancó el aplauso de los presentes.

Gramajo justificó el pedido de postergar el tratamiento sólo en razones de perfeccionar la ley, pero en su bloque se consideró urgente darle despacho y así se hizo.

El legislador reconoció que el proyecto era un paliativo, razón por la cual, con la firma de todos los bloques, se solicitará a las autoridades nacionales el dictado de una ley que contenga la situación de las personas que han sufrido las consecuencias del default.

"Para nosotros, el mismo comportamiento que se tomó en la Nación, para con las entidades crediticias reconociéndoles el problema que tuvieron y pagándoles con bonos, se tiene que dar a los deudores de vivienda única", indicó.

Fascendini, además de avalar la ley aprobada se refirió a la ley de fondo, que tiene que dictar la Nación, la que debe "contener restricciones que eviten en el futuro el otorgamiento de créditos usurarios que utilizan algunas entidades financieras aprovechándose de las necesidades de la gente".

El proyecto original fue ingresado en la Cámara de Diputados hace siete días; recibió algunas modificaciones, pero en el Senado se aprobó el mismo despacho de la Cámara Baja por lo cual ya fue girado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La ley establece que el inmueble objeto de la subasta, para evitar la acción, debe ser vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor y su familia.

El importe original de la deuda no puede exceder los 60 mil pesos.

La prueba de carácter de vivienda única estará a cargo del deudor que lo invoque, el que además deberá presentar ante el juzgado interviniente un plan de pago de la deuda que motiva la ejecución suspendida.

Fueron exceptuados de la norma los créditos de naturaleza alimentaria, los laborales y los derivados de la comisión de delitos o cuasidelitos.

La Legislatura sancionó en el corriente año dos leyes para tratar de frenar los efectos pos devaluación: la N° 12.284 para la ejecución de hipotecas y la N° 12.300, que paralizó el remate de sentencias recaídas en los juicios por ejecución de hipotecas, que tuvieran la garantía de mutuo elegible.

La provincia de Córdoba votó una norma similar y en el Congreso de la Nación hay varios proyectos que apuntan a lograr una solución a la problemática. Anoche, el Senado provincial se sumó al reclamó con un proyecto de comunicación, por el cual se solicita se concrete la ley en un plazo que no supere al de estas leyes temporales, es decir, diciembre de 2004.