Con escasa concurrencia de senadores a la reunión, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, respondió a consultas plasmadas en un proyecto del bloque radical, tanto sobre el estado en que se encuentra la renegociación del contrato con Aguas Provinciales como a las cuestiones inherentes a los compromisos que la empresa no cumplió. Además, explicó cuáles eran las alternativas si se produce la rescisión del contrato.

Hammerly asistió acompañado del titular del Enress, Ing. José Kerz -quien tuvo activa participación en las explicaciones técnicas- y del secretario de Servicios Públicos, Pedro Giardino.

Por el Senado estuvieron presentes los dos radicales: Felipe Michlig y Carlos Fascendini, la socialista Patricia Sandoz y por el justicialismo, Armando Traferri, Juan Carlos Mercier, Héctor Ocampo, Alcides Calvo y algunos asesores.

Patricia Sandoz y Carlos Fascendini expresaron que la actuación de la empresa Aguas Provinciales había sido "un fracaso, porque no sólo no ha cumplido con las promesas de obras, sino que ha sido beneficiada con renegociaciones en el 2001-2002 basados en criterios que no eran compartidos".

También señalaron su disgusto por las actitudes de dilaciones de la empresa, traducidas en un récord de incumplimientos "porque sobre ocho años de concesión, en seis estuvieron renegociando y no cumpliendo con las denominadas metas y objetivos".

Fascendini entregó copias del Diario de Sesiones de 1999 en ocasión de la renegociación en la que vaticinó con precisión cuál sería la actitud de Aguas Provinciales y había advertido sobre los errores del gobierno.

Alberto Hammerly, José Kertz y por momentos Juan Carlos Mercier dieron la otra versión sobre el problema, señalando que el contrato de concesión fue aceptable y que los problemas fueron consecuencia de diversos factores, como la crisis económica y la caída de la convertibilidad.

No obstante, Hammerly señaló que por dos resoluciones: las números 173 y 174, la empresa tiene un plazo hasta el 22 de setiembre, para proponer un cronograma de trabajo o cual será su decisorio en torno del futuro de la concesión.

El ministro consignó que Aguas Provinciales "debe contestar por escrito, proponiendo un cronograma de trabajos que se adeudan por la renegociación y recién a partir de allí, la provincia tomará las decisiones que correspondan".

Indicó que el plazo es improrrogable y estimó que habrá una respuesta pues la empresa ha manifestado su deseo de quedarse.

Según los funcionarios, "la empresa no podrá esperar ningún aumento en el servicio hasta que no cumpla con las metas y objetivos que están fijados y que se volverán a tratar si responde el requerimiento de la resolución 174".

También destacó que, más allá de los reclamos internacionales que se conocen, en el contrato de concesión está establecido que corresponden los tribunales de Santa Fe para la resolución de conflictos legales.

Por su parte, José Kerz explicó que aún en el caso hipotético de que Aguas quiera rescindir o la resolución la adopte el Estado por incumplimiento, debe pasar un plazo de dos años antes de poder abandonar la concesión.

"En tal caso, señaló Hammerly, está la posibilidad de instrumentar una nueva empresa; formar cooperativas o municipalizar los servicios", temas sobre los que prefirió no ahondar hasta conocer la respuesta de Aguas Provinciales.

En definitiva, la expresión oficial fue clara y concreta como las críticas de Fascendini y Sandoz sobre los defectos de la concesión.

En definitiva, el gobierno prefiere no abrir juicios hasta el vencimiento del plazo del 22 de setiembre y con la propuesta por escrito de la empresa, se podrá tomar una decisión que por el momento no incluye un aumento de tarifas.