El Concejo Municipal ordenó la inclusión de la explotación de casinos y bingos en las normas impositivas, al establecer un canon mínimo de 15 mil pesos mensuales por el derecho de explotación de esta actividades que quedarán a cargo de las futuras empresas concesionarias.
De este modo, Santa Fe se equipara a los montos determinados por los Concejos de Rosario y Melincué, las otras dos localidades donde se podrán instalar los futuros casinos, según la ley provincial.
Los casinos y bingos autorizados a funcionar de acuerdo a la legislación vigente, deberán abonar el derecho considerando como base imponible. La alícuota a aplicar será del 55 por mil.
Como se recordará, el Concejo ya había establecido las zonas para la instalación y explotación de casinos y bingos en Santa Fe, de acuerdo a la ley 11.998, que además define la modalidad de explotación, días y horarios de funcionamiento.
En la última sesión, el cuerpo tuvo que llenar un vacío legislativo en la Ordenanza Impositiva, por tratarse de una actividad o rubro no contemplado en la misma.
El lunes, había ingresado al Concejo el mensaje 35 del Ejecutivo, por el cual se pedía la inclusión de los casinos y bingos a la ordenanza impositiva. Otro proyecto similar había sido presentado en mayo por los concejales Jorge Henn y Leonardo Simoniello (UCR-Encuentro), que además determinaba el destino de lo recaudado a través de fondos especiales.
Concretamente, los ediles de la oposición proponían que los fondos originados por la percepción de los gravámenes sean afectados en la siguiente proporción: el 25% de lo recaudado se destinaría a financiar el Programa Municipal de Seguridad Urbana; y con el 75% restante se integraría un fondo destinado a becas estudiantiles para alumnos del ciclo EGB, para los colegios públicos de Santa Fe.
"Lo recaudado debe ser devuelto a la sociedad, aportando a un financiamiento que tienda a resolver las necesidades, y priorizando dos temas centrales como la seguridad y la educación", dijeron los concejales.
Sin embargo, la propuesta no tuvo eco favorable entre el bloque oficialista, que determinó que lo recaudado sea destinado a Rentas Generales.
En el texto votado, se contempla que "el Departamento Ejecutivo Municipal establecerá la forma de fiscalización e ingreso de los gravámenes establecidos".