El profundo deterioro social y el crecimiento sostenido del abismo que separa a ricos y pobres en la Argentina vino acompañado, sobre todo a partir de la década de los noventa, por una ola de violencia e inseguridad que plantea nuevos y constantes desafíos.

Más allá de la existencia de grupos delictivos organizados, la realidad actual deja al descubierto una inseguridad callejera que tiene profundas raíces sociales, acompañada por una conjunción de problemas cuya solución suele escapar a las posibilidades de las fuerzas policiales.

Se sabe que las soluciones de fondo para este flagelo deberían apuntar al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad argentina, con un fuerte impulso a la educación y a la creación de empleos genuinos.

Pero es indudable que estas medidas de fondo -que deben ser puestas en marcha de manera responsable e impostergable- sólo comenzarían a dar resultados concretos en el mediano y largo plazo.

Por este motivo, este tipo de inseguridad suele generar una profunda sensación de impotencia entre quienes reconocen el profundo problema social que sacude al país, pero a la vez reclaman vivir con la tranquilidad necesaria.

Desde los organismos policiales se argumenta que es poco lo que se puede hacer en este sentido. Incluso, los especialistas en Criminología dudan de la efectividad que puedan tener medidas tales como, por ejemplo, el endurecimiento de penas que se viene impulsando desde algún sector social y político.

Pero frente a esta sensación de impotencia que se extiende entre gran parte de la población, surgió desde hace aproximadamente un año y medio en la ciudad de Santa Fe una alternativa que está arrojando buenos resultados: las alarmas comunitarias.

El primer barrio que tomó la decisión de avanzar en este sentido fue Judiciales, en el norte de la ciudad. Luego le siguieron sectores de Loyola Norte, Chalet, Fomento 9 de Julio, Sargento Cabral, San Roque, Villa Dora, Villa Setúbal, Candioti Norte y, ahora, se le suma barrio Belgrano.

Por primera vez en mucho tiempo, el estado de ánimo de estos vecinos parece haber cambiado. En cada uno de los lugares en los que existen estos sistemas de alarmas comunitarias, la gente coincide en mostrarse conforme con los resultados y asegura que los niveles de delito callejero prácticamente desaparecieron.

Este sistema parece tener, además, otras ventajas. Una de ellas es que mejoró la relación entre los vecinos y la policía, ya que las fuerzas de seguridad sienten que su esfuerzo es acompañado por la decisión de la gente de unirse para vivir con mayor tranquilidad.

Pero existe otra ventaja con profundas implicancias sociales. Las alarmas comunitarias obligan a los vecinos a trabajar de manera solidaria frente a la presencia de un presunto hecho delictivo. Así, la gente se siente parte de un mismo proyecto y aglutina sus esfuerzos para obtener resultados.

Finalmente, la experiencia recogida hasta ahora muestra otro síntoma alentador: en estos barrios se logró que la prevención deje de ser una mera utopía, para transformarse en una realidad palpable. Al parecer los delincuentes, amedrentados por este sistema de alarmas, prefieren no arriesgarse a actuar en estas zonas de la ciudad.

Seguramente no todos los barrios cuentan con las características y organización necesarias para aplicar esta alternativa. Sin embargo, al menos surge la saludable sensación de que con voluntad y un costo mínimo, algo se puede hacer para frenar este tipo de delitos.